La propuesta, contenida en el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 05632/2023-PE que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres – niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos, fue aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República esta tarde.

Dicha delegación de facultades permitirá al Ejecutivo «modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública”. A pesar de que la Comisión ha pretendido maquillar la propuesta original, poniéndole el candado de “no afectar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento”, quedo expuesto que la posibilidad de vulneración de las libertades informativas no está neutralizado.

Las instituciones y periodistas enfatizaron que esta formulación, que ha sido modificada de la propuesta inicial, no mitiga los riesgos de lo referido en la exposición de motivos, que señalan que esta modificatoria tiene el fin de «Sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia».

En esta conferencia de prensa participaron Zuliana Lainez, de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Rodrigo Salazar, del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), José Vidal, de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú (AFPP), Eddy Ramos, de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones (CNC), el Instituto Prensa y Sociedad, y periodistas de medios independientes, Josefina Townsend, Paola Ugaz y Nélida Maquera, de Puno.

Ahora, con la aprobación de este predictamen, corresponde al Pleno del Congreso retirar la delegación de esta facultad, ya que constituye un grave riesgo para la actividad informativa, principalmente con los acontecimientos ocurridos en los últimos meses.