El periodista independiente Jesús Valencia Silva denuncia que ha recibido llamadas amenazantes y una carta notarial del subgerente de Serenazgo de Villa El Salvador, tras una publicación en la que aludía a su reclusión en el Penal San Jorge hace más de 15 años.
Según expresó a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el reciente miércoles 29 de junio realizó una publicación en sus redes sociales sobre el subgerente de Serenazgo de dicha municipalidad, Manuel Himeron Ramírez Ortiz.
La información que difundió el periodista, compartiendo también los documentos correspondientes, tenía que ver con los antecedentes del funcionario, quien “estuvo preso por más de 36 meses en el penal de San Jorge y cuya libertad obtuvo por exceso de carcelería”, por la presunta comisión del delito de violación de las comunicaciones a Javier Pérez de Cuéllar y otros.
Jesús Valencia, en su publicación, comenta que “a puertas de unas nuevas elecciones municipales se podría pensar que todos los candidatos a la alcaldía de Villa el Salvador podrían estar en la mira de este señor”. Asimismo, plantea la posible existencia de una red en la que estaría involucrado este personaje junto al Gerente Municipal y el alcalde distrital.
Valencia Silva explica que luego de realizar esta publicación percibió un inusual patrullaje de serenazgo y de la comisaría de su sector en las inmediaciones de su vivienda, señaló que los vehículos se estacionaban en su cuadra por tiempo prolongado sin explicación alguna.
Adicional a ello, manifiesta que también comenzó a recibir llamadas intimidantes desde teléfonos públicos en la que una voz masculina le decía “ten cuidado”, “cuida a tu familia”, entre otras similares.
Asimismo, el viernes 1 de julio recibió una carta notarial del subgerente de Serenazgo de Villa El Salvador, Manuel Himeron Ramírez Ortiz, quien lo emplazaba para que “pueda acreditar o emitir pronunciamiento público de desagravio en la misma magnitud de lo vertido en contra de mi persona, respecto a las falaces afirmaciones que publicó en su Facebook”.
Ramírez Ortiz centra su argumento señalando falta de verificación porque la publicación expresa literalmente “el cual se dice estuvo preso (…)”, a pesar que adjunta una resolución de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que ordena su libertad por exceso de carcelería en el proceso que se le llevaba por las causales expuestas.
Asimismo, expone que la Cuarta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima “dispuso la anulación de los antecedentes penales, policiales y judiciales contra mi persona por el supuesto delito de interceptación telefónica, y absolviéndome de todos los cargos que se me imputaban”, agregando que “no tengo antecedentes de ninguna clase y poseo una conducta intachable”.
La carta notarial manifiesta: “lo emplazo a demostrar su falsa imputación y a expresar un público desagravio (…) en caso contrario, me exige hacer respetar los derechos a mi honor y dignidad, por lo que (…) acudiré ante el órgano jurisdiccional para presentar mi demanda de querella reclamando la satisfacción y el resarcimiento del perjuicio ocasionado”.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su abierto rechazo al clima hostil que se ha generado en torno al periodista independiente Jesús Valencia Silva luego de hacer una publicación documentada sobre quien ejerce responsabilidad pública.
La ANP llama la atención sobre el argumento del subgerente de Serenazgo de Villa El Salvador, quien refiere que se le estaría difamando ante la ausencia de antecedentes penales y judiciales. Corresponde resaltar que Jesús Valencia afirmó, con el documento correspondiente, que estuvo preso y salió por exceso de carcelería, en ninguna línea de su publicación señala existencia de antecedentes. Cualquier intento de modificar esta historia configuraría una grave falta a la verdad de los hechos.
La ANP observa que, una vez más, se quiere apelar al denominado “derecho al olvido” sobre hechos comprobados, lo que resulta en una afectación directa al derecho a la información.