La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP, en concordancia con sus principios institucionales e históricos, expresa su enérgico rechazo a las prácticas del gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, que menoscaban el periodismo local.

Hace dos semanas se reveló a nivel nacional, debidamente documentado, que el Gobierno Regional (GORE) de Ica realizó pagos por publicidad a un grupo de periodistas que funcionaría como la red particular y extraoficial de comunicadores de Gallegos.

Este informe tiene como antecedente otro similar que fue difundido en el 2019, a nivel regional, que daba cuenta de alrededor de 90 periodistas y comunicadores que cobraban por publicidad la difusión de actividades oficiales así como para la promoción de la buena imagen del gobernador.

Dicha práctica que, lamentablemente, se repite en otras circunscripciones, refleja el aprovechamiento de quienes ocupan puestos de poder, que desnaturalizan el periodismo local, a costa de la precaria situación de colegas que aportan al envilecimiento del oficio normalizando estas situaciones.

El gobernador Gallegos, luego de difundido el informe de alcance nacional, ha asumido acciones intimidantes contra la periodista Patricia Hoyos, autora del mismo, a quien le remitió en físico, a su domicilio en Lima, un documento enviado previamente por correo electrónico. Los enviados del GORE grabaron el exterior de la vivienda y no se identificaron hasta que un familiar de la periodista salió a preguntarles.

A esto se sumó la difusión de información sensible de la periodista Hoyos y su familia como números telefónicos, números de DNI, dirección, entre otros.

Fuentes, que por razones de seguridad mantenemos en reserva, han asegurado a la ANP que el gobernador regional de Ica habría desembolsado 100 soles a algunos periodistas para que difundiera la orden de detención contra Gastón Medina Sotomayor, excandidato al congreso, al gobierno regional y dueño de medios de comunicación en la región, quien es un crítico permanente al gobernador regional y su gestión.

El señor Medina -quien no está exento de cuestionamiento por colegas locales por su praxis- ha sido candidato al Congreso por Ica una vez, ha postulado al Gobierno Regional hasta en 3 oportunidades (llegando a ser contendor de Javier Gallegos en los comicios del 2014 y 2018), y actualmente es dueño de 12 medios de comunicación en la región, entre radiales y televisivos, siendo el más notorio Cadena Sur TV, donde además cumple funciones como director periodístico y conductor de noticiero.

Actualmente se le sigue un proceso por difamación luego que, en octubre del 2021, afirmara la existencia de vínculos e influencia del gobernador Gallegos -a través de una presunta organización criminal que operaría desde el GORE- con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Rafael Fernando Salazar Peñaloza, quien querelló a Medina en diciembre de ese año.

Sobre este particular, el 15 de junio último se declaró reo contumaz a Gastón Medina (al llegar su tercera inasistencia a las audiencias), a pesar de que su abogado -según ha declarado- había justificado debidamente su ausencia.

Estos hechos tienen como antecedente el allanamiento a medios, de finales de octubre del 2020, con un atípico contingente policial, durante el cual se confiscaron computadoras y teléfonos móviles, y desconectaron transmisores, provocando la salida del aire de los tres medios, en respuesta a la denuncia penal que Mónica Guillén, esposa del gobernador regional, presentó ante la Fiscalía de Ica afirmando ser víctima de acoso cibernético.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa abiertamente su repudio a las malas prácticas del gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos. El intento de corromper a la prensa local, genera una lesión irreversible no solo al sector sino, además, al derecho a la información de la ciudadanía. A la par, hostigar, amedrentar o acosar las posturas críticas a su gestión o su persona es imputable.

Desde la ANP hacemos un llamado a la prensa iqueña a cerrar filas frente a las malas prácticas del gobernador regional, a exigir mutuamente un trabajo profesional ético y a mantener la solidaridad frente a ataques que buscan amedrentar al periodismo independiente.