La periodista Ale Silva, del medio digital Zarumilla Al Día, fue agredida físicamente, despojada de su teléfono celular y hostigada por familiares del alcalde del distrito de Papayal, Elmer Saavedra Reyes, mientras realizaba la cobertura de una denuncia comunitaria en la provincia de Zarumilla, región Tumbes.
En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Silva señaló que los hechos ocurrieron el lunes 7 de septiembre, alrededor de las 3:00 de la tarde, luego de acudir al sector de Uña de Gato tras el llamado de vecinos que alertaban sobre el presunto intento de apropiación de un pasaje público por parte de allegados a la autoridad edil.
Mientras la reportera recogía los testimonios de los residentes respecto al cierre de la vía utilizada por la comunidad desde hace cuatro décadas, familiares del alcalde se aproximaron para increparla, proferir insultos y acusarla sin sustento de haber recibido dinero para realizar la nota informativa.
Pese a que la comunicadora les reiteró que cumplía con su labor periodística y les ofreció el derecho a brindar su versión o descargos, un familiar de la autoridad se abalanzó contra ella, le arrebató el teléfono celular con el que grababa y le propinó un golpe de puño en el rostro.
El sujeto entregó el equipo móvil a una mujer, quien ingresó al domicilio familiar del alcalde Saavedra Reyes, con la intención de eliminar los registros audiovisuales, lo cual no se concretó debido a que el dispositivo contaba con clave de seguridad.
Seguidamente, varios miembros de la familia salieron del inmueble para continuar el ataque contra la reportera, propinándole empujones, arrojándole agua y soltándole perros para amedrentarla, mientras ella continuaba registrando lo sucedido con un segundo equipo antes de lograr ponerse a salvo y retirarse del lugar.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con la periodista Ale Silva y rechaza la agresión de la que fue víctima. Asimismo, exhortamos públicamente a las autoridades competentes para que, de oficio ante la evidencia pública difundida, inicien las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades de las personas que violentaron a la mujer de prensa.
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