En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Pareja relató que el 13 de noviembre de 2024 su medio publicó una nota en la que informó, con base en documentos oficiales, sobre la designación de Reina Lucila Olivera Mamani como coordinadora de personal de la Corte, pese a que había sido sancionada anteriormente con 30 días de suspensión sin goce de haber por autorizar pagos indebidos. La información fue replicada en la web y redes sociales del diario. En esta fecha, dicho magistrado mantenía la Presidencia de la Corte.

El 5 y 6 de febrero de 2025, Ticona remitió cartas notariales solicitando la eliminación de la publicación y de sus réplicas digitales, así como la entrega de la identidad de quien proporcionó la documentación. Reconoció la veracidad de los hechos, pero cuestionó los titulares empleados, entre ellos “Los caprichos del presidente” y “Presidente de la Corte en la picota”, a los que atribuyó carácter difamatorio. Advirtió que, de no cumplirse sus exigencias, iniciaría acciones legales.

El 4 de marzo de 2025 interpuso una demanda de hábeas data que fue admitida por el Primer Juzgado Civil de Juliaca. Mediante Sentencia N.° 032-2025-HD, notificada el 25 de agosto de 2025, se resolvió ordenar la eliminación de la nota y de sus réplicas digitales, aunque se rechazó el pedido de revelar la fuente periodística. La defensa del medio interpuso apelación, argumentando que se trata de un grave precedente contra la libertad de prensa, pues la información difundida es veraz y de interés público. Dicho recurso se encuentra en trámite para ser resuelto.

De manera paralela, Ticona presentó una querella penal por difamación agravada contra Pareja y contra la empresa editora Los Andes como tercero civil responsable. La audiencia de este proceso ha sido programada para el 25 de septiembre de 2025.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su firme rechazo a la actuación del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Juan Francisco Ticona Ura, quien utiliza recursos legales para amedrentar al diario Los Andes.

Este caso, que se suma a otros de similar incidencia, revela que los recursos legales de habeas data y las querellas por delitos contra el honor son instrumentalizados para hostilizar a periodistas antes que para defender derechos de supuestos agraviados que cumplen función pública.