Los periodistas Christopher Acosta y Paola Ugaz se han librado de procesos judiciales que pretendían intimidarles luego de difundir investigaciones periodísticas.
En el caso de la periodista Paola Ugaz, la Décima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima ha ratificado la sentencia que la absuelve en la querella interpuesta en su contra por Luciano Revoredo por el delito de difamación.
Como se recuerda, Revoredo querelló a Ugaz luego que ella, a través de diferentes medios, recriminara las conductas difamatorias hacia su persona que recibía de parte del querellante desde el portal web La Abeja. La absolución fue dictada el 25 de enero y ratificada el último 10 de junio, culminado el proceso de apelación de sentencia.
Christopher Acosta fue querellado por difamación por el excandidato a la presidencia por Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, en mayo del 2021. El 10 de enero último recibió sentencia condenatoria en primera instancia por una serie de expresiones que el periodista cita en su libro “Plata como Cancha”.
Para el 21 de junio estaba programada la vista en segunda instancia de esta querella, pero días antes Acuña Peralta desistió del proceso retirando la demanda. Según expresó Acosta en sus redes “era un caso que no ganaría. La resolución condenatoria de 1ra instancia es indefendible”.
Judicialización de periodistas en regiones
A pesar de estas noticias que, son positivas en el contexto de judicialización de periodistas, la persecución judicial continúa representando una grave amenaza a periodistas en regiones que tiene que afrontar largos procesos, además, de ver su autosostenibilidad.
Entre los hechos más recientes, el periodista de Barranca.pe, Carlos Yofré López Sifuentes, tendrá que afrontar un nuevo proceso judicial en la querella interpuesta en su contra por el exjuez superior de esa jurisdicción, Víctor Raúl Reyes Alvarado, tras la decisión de la Sala Penal de Huaura que anuló la sentencia condenatoria de primera instancia.
El periodista apeló el fallo que lo condenaba a dos años de pena privativa de la libertad suspendida, doscientos cuarenta días multa y 50 mil soles de reparación civil. A consecuencia de dicha apelación, la Sala Penal de Huaura ordenó un nuevo proceso judicial por esta querella.
Foto: Archivo ANP – Renzo Chávez