El periodista José Luis Vargas Sifuentes ha sido querellado ante el Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Loreto – Maynas (pese a que reside en Lima) por una publicación realizada en sus redes sociales.

Según las declaraciones y documentos que brindó a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, esta acusación surge luego de la difusión de un informe en sus redes sociales el 15 de marzo último.

El texto publicado daba cuenta de la destrucción de una emblemática edificación histórica, conocida popularmente como “Casa japonesa”, al interior de la Reserva Natural Pacaya – Samiria (RNPS) a inicios de este año; acción que habría sido autorizada por el actual jefe de dicha reserva, Alfredo Enrique Neyra Saavedra, a sugerencia del técnico en computación, Jerry Bohórquez Rodríguez.

Entre la información difundida, Vargas señalaba que Alfredo Neyra “tiene varias denuncias judiciales, pero estaría protegido por un funcionario que hace y deshace en SERNANP de Lima”.

Asimismo, menciona que Jerry Bohórquez “llegó a reparar y proveer insumos de aparatos de computación, coincidiendo con la llegada del actual jefe de la RNPS, en el 2017” y “se fue haciendo amigo del jefe de la RNPS, se encargó de proveerla de otras cosas y está incluido como cómplice de Neyra Saavedra en una denuncia por desfalco patrimonial”.

Estos, y otros hechos señalados, motivaron que ambos funcionarios envíen, el 17 y 18 de marzo, cada uno, cartas notariales al periodista, ambas con el mismo tenor, acusando que “todo lo vertido por su persona carece de sustento, ni tampoco una mínima verificación de los hechos y sus afirmaciones adolecen de veracidad, con el componente subjetivo de difamar en sus redes sociales, menoscabar mi reputación de mi persona confundiendo los hechos e interpretando maliciosamente información real con hechos creados para denigrar mi imagen personal y con la finalidad de desacreditarme ante la opinión pública”.

Asimismo, los documentos solicitaban la rectificación de lo manifestado en plazo de 24 horas “caso contrario me veré obligado a interponer la denuncia penal por querella criminal por los delitos de injuria y difamación”.

José Luis Vargas publicó ambos documentos en sus redes luego de recibirlos señalando que con las cartas “rectifica las versiones contenidas en el artículo”.

A pesar de esto, Neyra y Bohórquez interpusieron, cada uno, querella por difamación agravada, nuevamente con el mismo tenor, argumentando que “el querellado actuó con dolo, pues tuvo el deseo de lesionar el honor” y que “este accionar que se propaló es con animus difamandi (intención de lesionar el honor), en ese sentido, las publicaciones en redes sociales como Facebook, que impliquen insultos y adjetivos negativos, prueban el ánimo difamador con el que se actuó”.

Cada querellante solicita que el periodista reciba una condena de dos años y cuatro meses de pena privativa de la libertad y una reparación civil que ascendente a la suma total de 100 mil soles.

Ambas querellas fueron admitidas por el titular del Primer Juzgado Unipersonal de la Sede Central de Loreto – Maynas, Rider Martín Flores De La Cruz. Sin embargo, el periodista solo recibió citación por la interpuesta por Alfredo Neyra para el 21 de marzo del 2023.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con el veterano periodista José Luis Vargas Sifuentes, quien, a pesar de haber cumplido con publicar los documentos rectificación, recibió querellas por difamación agravada.

El periodista, demostró su buena fe, al aceptar publicar de manera gratuita, inmediata y proporcional la comunicación en la que se señala los hechos que serían “inexactos” en la publicación, lo que deja sin efecto el argumento de existir ánimo de difamar a los querellantes.

Para la ANP, la rectificación es un derecho constitucional que permite resarcir la propalación de informaciones que pudieran resultar lesivas al honor, por lo que a pesar de la misma, recurrir al derecho penal -que es la última ratio- y la demanda de una reparación civil de 100 mil soles, solo demuestra el ánimo de escarmentar al colega de parte de quienes se sienten agraviados.