El periodista José Miguel Hidalgo, del programa dominical Cuarto Poder, fue objeto de amenazas de muerte tras realizar un reportaje sobre el gobernador del Callao, Ciro Castillo y la influencia que tiene su hijo, Antonio Castillo, en decisiones políticas de la institución gubernamental.

En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Hidalgo manifestó que el domingo 20 de octubre, horas antes de la transmisión del reportaje titulado «Antonio Castillo: El poder detrás del gobernador del Callao», recibió un video intimidatorio en su WhatsApp personal.

En el clip, un individuo armado le advierte, junto con una serie de insultos, de forma amenazante y matonesca expresiones como: «Deja de mostrar a la gente del Callao”, «Te voy a volar todo lo que se llama sesos, te voy a sacar las tripas”, “Borra tu maldito reportaje mierda, tus cagadas, que si lo sacas te tengo ubicado”, “No me jodas a la gente que está trabajando conmigo”, “¿Me entiendes? ¿Te quieres meter con nosotros? Te está hablando el tren de Aragua», “¿Qué quieres, que vaya a tu casa y ponga una bomba en el portón?”, “No más publiques, y atrévete a publicar esta mierda”, “Te voy a quebrar, vas a ver».

Mientras profería sus amenazas, en el video, se observa que porta una pistola que es rastrillada.

Hidalgo comentó que, días antes, cuando ya venía trabajando la investigación, había recibido llamadas del mismo número, pero no las atendió. Agregó que el único funcionario del Gobierno Regional del Callao que tenía su número de contacto era el jefe de imagen, para ofrecer los descargos sobre las denuncias presentadas en el reportaje.

Ante la gravedad de las amenazas, José Miguel Hidalgo presentó una denuncia formal ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con el periodista José Miguel Hidalgo, blanco de amenazas por delincuentes que señalan arremeter contra su integridad personal y familiar.

La ANP es enfática al exigir a las autoridades competentes que sean céleres en las investigaciones para identificar y procesar a los responsables de esta amenaza que calificaría como delito de coacción.

Se tiene identificado el número de teléfono desde el que se remitió el video así como el material audiovisual probatorio por lo que la Policía Nacional del Perú no puede, bajo ninguna circunstancia, archivar o desestimar el caso.