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El empresario Christian Pinasco Montenegro envió cuatro cartas notariales intimidatorias a los periodistas Ricardo Dávila Tuanama, Alessandra Rozas Iparraguirre y Valeria Vicente Vásquez, del portal de noticias “El Foco”, autores del reportaje “El cártel loretano de la desinformación”.
De acuerdo a información recabada por la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), las cartas, que fueron remitidas el 4 de diciembre y difundidas por El Foco el 16 de diciembre, incluyen amenazas de denuncias penales por asociación ilícita para delinquir, difamación agravada y calumnia si no se emite una rectificación en tres días. Pinasco niega la existencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y acusa al medio de responder a intereses centralistas para “justificar políticas controlistas y entreguistas”.
En las misivas, Pinasco sostiene que el reportaje pone en peligro a su familia, conformada por su esposa y cuatro hijos menores, al “sobredimensionar” su patrimonio y vincularlo con la desinformación en Loreto, lo que ”incrementa su vulnerabilidad en un contexto de creciente inseguridad y delincuencia en el país”. También calificó al equipo periodístico como un grupo de personas “escondidas detrás de una página digital anónima”.
«Estando a lo expuesto, demando a ustedes que en un plazo no mayor a tres días calendario de recepcionada la presente carta procedan a la rectificación que establece la ley. De no ser así, procederé a denunciarlos penalmente por los delitos de asociación ilícita para delinquir, difamación agravada y calumnia, entre otros», señala Pinasco.
Por su parte, El Foco defendió la veracidad de su investigación, que analiza las narrativas promovidas por Pinasco -empresario vinculado a tres medios de comunicación en la región Loreto-, quien niega evidencias científicas y reportes oficiales sobre los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechaza la amenaza de denunciar a los periodistas bajo la figura delictiva de “asociación ilícita para delinquir”. Investigaciones de esa naturaleza contra quienes tienen la labor de informar ya han sido archivadas en regiones como Lambayeque al no tener sustento legal. Por el contrario, evidencia el ánimo de instrumentalización del sistema de justicia.
Imagen: Portal de noticias El Foco
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