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El conductor del noticiero de Cadena Sur Noticias Marcona, Abel Héctor Amaya Yactayo, ha sido implicado, a través de las declaraciones de testigos protegidos, en una presunta organización criminal que comprende a líderes sociales de Marcona, provincia Nazca, región Ica.
Según ha explicado el comunicador a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el 27 de abril recibió la notificación judicial y requerimiento fiscal que lo acusa de ser parte de la organización criminal “Los del sur”, que realizaría ilícitos como cobro de cupos, extorsiones, disturbios, entre otros.
La Fiscalía implica a Abel Amaya como integrante del brazo de ejecución de cobro de cupos de esta organización luego que un informante acusara al periodista de coordinar con los supuestos integrantes de esta presunta red criminal, a partir de un video en el que se le ve conversando con ellos y que luego fue transmitido en la fanpage de Cadena Sur Noticias Marcona.
El referido video fue difundido la noche del 10 de diciembre del 2018 en el programa de Amaya Yactayo. El mismo contiene la toma de declaraciones al dirigente sindical de construcción civil Mario José Barbarán Vente en los exteriores de la Comisaría de Marcona, quien convocó a dos periodistas para manifestar ante los medios que dicha dependencia no quería recibir su denuncia.
Según informó Barbarán en el video, estuvo esperando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para denunciar que, en horas de la mañana de ese día, fue víctima de abuso de autoridad por parte de agentes de seguridad de la empresa Solmar, que resguarda los terrenos que pertenecen a la empresa minera Shougang Hierro Perú en el Asentamiento Humano Ruta del Sol.
Las declaraciones de Mario Barbarán, así como las imágenes que reprodujo el periodista en su programa, dan cuenta del momento en que los agentes de Solmar someten y agreden al dirigente sindical contra el suelo.
Por la tarde, cuando el conductor de Cadena Sur TV se acerca a la Comisaría de Marcona para recoger la versión de Barbarán, otro periodista (a quien Amaya -durante la emisión de su programa- señala de tener vínculos con la minera) se encontraba entrevistando al dirigente.
Abel Amaya, al notar que Mario Barbarán ya estaba declarando, enciende su celular y comienza a grabar. Para su sorpresa, el otro periodista levanta la mano e intenta impedir que realice el registro videográfico, pero él continúa con la cobertura a pesar de la insistencia por obstruir su labor.
Sobreponiéndose a este incidente, y continuando su quehacer, el periodista recoge las declaraciones del dirigente sindical para transmitirlas en su programa de esa noche.
Para el informante, cuyas declaraciones recoge la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete, este hecho revelaría un nivel de coordinación entre el periodista y el dirigente social, a quienes sindica como miembros de la supuesta organización criminal.
A partir de esta declaración, la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), mediante “técnicas especiales de investigación – videovigilancia”, vinculan al periodista con la presunta organización criminal -en la que también estaría involucrado Mario Barbarán y otros dirigentes sindicales- por realizar la cobertura periodística de las diferentes protestas que desarrollaron.
El requerimiento fiscal de comparecencia restrictiva admitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria sede Marcona también señala que el periodista tenía a su cargo “realizar llamadas telefónicas a empresarios por orden del líder de la organización, con la finalidad de exigir el pago de montos dinerarios llamados cupos para que estos puedan trabajar tranquilamente”. Sobre el particular el periodista ha señalado que la toma de contacto telefónico con estos empresarios “corresponden única y estrictamente a su labor periodística”. El comunicador ha precisado que ante las denuncias de los dirigentes sociales él opta por llamar a los empresarios para recoger su versión de los hechos.
Finalmente, la Fiscalía solicita que el periodista pague 10 mil soles de caución; la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside; la prohibición de comunicarse con personas consideradas testigos, denunciantes; y la prohibición de declarar en los medios de comunicación sobre los hechos relacionados en la investigación.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reprueba que, por el hecho de hacer su trabajo, se intente involucrar al periodista Abel Amaya Yactayo en un proceso judicial que tiene claros visos de criminalizar la actividad sindical. Por ello, hace un llamado para que se siga un debido proceso y se ponderen debidamente los medios probatorios de delito, respetando la presunción de inocencia frente a las acusaciones.
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