La informes difundidos por la periodista el 6 y 8 de agosto daban cuenta que Ernesto Maguiña y Gladys Gavedia, ambos trabajadores de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), habrían “incurrido en la grave falta de doble percepción de ingresos en la administración pública en dos entidades a tiempo completo”.

En ambos casos, además de trabajar para la universidad a tiempo completo, percibían ingresos por trabajo a tiempo completo en un colegio estatal. La información fue complementada con documentación adjunta que respaldaba la versión.

A partir de dichos informes, la primera carta notarial llegó el 10 de agosto, firmada por Ernesto Andrés Maguiña Arnao, quien señala que Ingrid Ramírez “ha publicado, difundido y compartido información que falta a la verdad y además ocasiona un grave daño a mi imagen, honor y trayectoria profesional”.

La carta, agrega que “incluso genera un perjuicio a la sociedad generando desinformación sobre datos que si bien son de dominio público no obstante la connotación que su persona ha realizado es aseverativa de que el suscrito tiene doble vínculo a tiempo completo”.

Con esos argumentos, Maguiña Arnao solicita “rectificar dicha información”, “realizar disculpas públicas” y “se sirva eliminar las publicaciones cuestionadas”. Asimismo, señala que requerirá una indemnización por la suma de un millón de soles.

Al día siguiente, mediante las mismas redes sociales, la periodista da respuesta pública a la carta notarial citando el informe técnico 000152-2020-SERVIR-CPGSC, que indica que “un servidor público no podría laborar como docente a tiempo completo en una entidad y a la vez realizar otra actividad para el Estado o institución privada también a tiempo completo”. También publica la totalidad de la carta.

La carta notarial de Gladys Margot Gavedia García de Hijar llegó el 22 de agosto, “con la finalidad de expresarle mi fastidio e incomodidad a la información falsa que viene propalando en el reportaje colgado en la plataforma digital de Facebook”.

En el documento la funcionaria señala que la “información que afecta a mi honor de persona y docente al acceder el lector a dicha nota periodística y formarse una imagen negativa de mi persona, aspecto que resulta reprochable”.

La carta expresa el rechazo a la información “a sabiendas de su falsedad y finalidad maliciosa, y propalar de manera masiva sin contar con fuente de información veraz completa y mi descargo para aclarar y/o absolver algunas dudas que usted pueda tener, incluso en mostrar documentos propios de la institución, que dicha filtración de corroborarse, podría estar inmersa no solo en el presunto delito de difamación agravada, si no, también en otros ilícitos penales al haber obtenido presuntamente en forma irregular documentos públicos para luego mostrarlo en un reportaje”.

Finalmente, Gladys Gavedia solicita la rectificación y retiro de la información, además “exijo que luego de realizar la rectificación requerida, se abstenga de referirse a mi persona en medios de comunicación alguno”.

El 23 de agosto en horas de la noche Ingrid Ramírez brindó descargos públicos mediante las redes sociales del informativo, difundiendo la carta notarial y una captura de pantalla de una conversación vía WhatsApp en la que se evidencia la solicitud de descargos.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP, expresa su plena solidaridad con Ingrid Ramírez Ariza, hostigada por difundir información documentada de interés público y denuncia una vez más la instrumentalización del sistema de justicia para intentar acallar denuncias periodísticas.