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El mininoticiero en redes sociales La Encerrona ha recibido una carta notarial del General de la Policía Nacional del Perú (PNP) Augusto Javier Ríos Tiravanti, solicitando una rectificación en un plazo de 48 horas debido a la presunta afectación de su honor y reputación “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que la ley confiere”.
En la carta, remitida el 6 de febrero, Ríos imputa al medio de informar “sin ningún sustento ni evidencia (…) que el suscrito fue relevado del cargo de jefe de la III Macro Región Policial La Libertad por estar vinculado a una organización criminal vinculada a la minería ilegal” y que podría asumir represalias contra Harvey Colchado Huamaní.
El documento agrega que el coronel Arturo Miguel Balta Paredes fue “detenido arbitrariamente por imputaciones falsas y tendenciosas de la fiscal Jennifer Ludeña Meléndez y del coronel Harvey Colchado Huamaní, que ha originado que el suscrito interponga denuncia penal y administrativa contra esos dos malos funcionarios públicos antes precisados por los graves delitos y conductas disfuncionales en que habrían incurrido”.
El general Ríos expresa en su carta que “las expresiones e información inexacta, injuriosa y falaz que ha difundido y propalado (…) vienen afectando de manera difamante e injuriosa mi honor y reputación de manera inconmensurables, sin haber realizado de manera profesional una investigación previa de los gravísimos hechos que afirma y por los cuales exijo inmediata rectificación pública”.
La carta se origina por la información difundida en el programa del 25 de enero último, cuando señalaron que “están evaluando nombrar al general Augusto Ríos Tiravanti como jefe de inteligencia, ya sea de la policía o del Ministerio del interior. Pero hay un problema, y quizás esta es la razón de fondo, este general Augusto Ríos es enemigo de Harvey Colchado. Resulta que el general Ríos estuvo vinculado a una investigación por un caso de minería ilegal en Trujillo. Por este asunto este general fue relevado de su cargo como jefe de la III Macro Región Policial La Libertad. Esta investigación estuvo a cargo de la DIGIMIN y la DIVIAC, que está a cargo del coronel Harvey Colchado”.
El relato de los hechos estuvo acompañado de capturas de pantalla de un hilo de la cuenta en Twitter de la periodista Gabriela Villasís, de El Comercio, quien daba cuenta de estos hechos.
Por tal razón, el general afirma en su carta que “ustedes se limitaron a reproducir información no cierta ni verificada por Gabriela Villasís jefe de investigación del diario El Comercio, persona a la cual se le ha cursado carta notarial para su inmediata rectificación, bajo apercibimiento de ejecutar las acciones administrativas y penales que la ley confiere”.
El general Augusto Ríos ha enviado esta carta notarial pese a que, en su edición del 29 de enero, el programa dio cuenta que “se comunicó con nosotros para negar que esté vinculado a este caso, y que no fue relevado de su cargo por ese motivo. Dejamos aquí constancia de su versión”.
Ante la llegada de este documento el conductor del mininoticiero, Marco Sifuentes, explicó en la edición del reciente viernes 9 de febrero que su mininoticiero se dedica a reseñar y comentar las noticias más relevantes del día anterior, después de pasar por un proceso de validación que incluye la evaluación de pruebas y argumentos presentados, entre otros criterios, y que la referida información fue dada “basándonos en la doctrina del reporte fiel” que según la CIDH establece: “la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad”.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su rechazo a esta carta notarial remitida por el General PNP Augusto Javier Ríos Tiravanti, que pretende responsabilizar al periodista por la reproducción de informaciones difundidas por terceros, siendo esta de relevancia pública.
Asimismo, la ANP le recuerda al general y a todos los funcionarios públicos que el Acuerdo Plenario Nro 3-2006/CJ-116, también citado en su carta, que “la protección del afectado se relativizará cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de relevancia pública, quienes, en aras del interés general en juego, deben soportar cierto riesgo a que sus derechos subjetivos resulten afectados”.
Cabe señalar que esta es la tercera vez en el año que La Encerrona recibe cartas notariales con la expresa advertencia de un posible inicio de acciones legales contra su equipo periodístico.
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