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La Federación de Periodistas de América Latina y El Caribe (FEPALC) aprobó tres mociones sobre temas referentes a la situación del periodismo en Perú durante su último congreso regional celebrado en Lima el 11 y 12 de setiembre.
Las mociones fueron presentadas por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), organización integrante de FEPALC, recibiendo respaldo unánime en lo referido a la despenalización de los llamados delitos de prensa, la necesidad de un protocolo de actuación de agentes policiales frente a la cobertura periodística, y sobre la lucha contra la impunidad en crímenes cometidos contra periodistas.

Despenalización de delitos de prensa
La primera moción aprobada corresponde a la necesidad de despenalizar los delitos de prensa en Perú.
La misma considera las recomendaciones de la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “señala que se deben despenalizar los llamados delitos contra el honor porque son utilizados como mecanismos de intimidación y represión a periodistas con posturas críticas a las autoridades”.
Asimismo, expone como esta situación no se concreta en el Perú, donde se instrumentalizan estas figuras legales “para amedrentar a periodistas de investigación e independientes que realizan destapes informativos sobre autoridades o personas de sus entornos cercanos, quienes les inician proceso judicial por calumnia, difamación o injuria”, lo que se refleja en la creciente cifra de los últimos años.
Asimismo, desde el 2008 la Asociación Nacional de Periodistas del Perú lleva adelante la campaña para despenalizar los delitos contra el honor, conocidos como delitos de prensa, a fin de que estos sean tratados en el fuero civil.
En tal sentido resuelve “respaldar la campaña de despenalización de los delitos de prensa que lleva adelante la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, a fin de que esta siga los conductos regulares que correspondan”.
“Asimismo, FEPALC expresa solidaridad con las y los periodistas que se han vuelto blanco de estos ataques que intentan intimidarles judicialmente, así como da aliento para que continúen su labor informativa”.
Protocolo especial de protección para periodistas
La segunda moción propone exigir al Estado Peruano un protocolo especial de actuación de agentes policiales frente a la cobertura periodística.
Esta releva la recomendación de la CIDH que propone el establecimiento de “mecanismos de protección especial para periodistas durante la cobertura informativa por la importancia que tiene su trabajo para la sociedad, especialmente cuando cubren hechos de alta conflictividad”.
El documento expresa que la ANP reporta que las agresiones a periodistas son frecuentes durante las coberturas de protestas, evidenciando la necesidad de establecer estos mecanismos. En añadidura también señala que en estos contextos los agentes policiales también se vuelven agresores.
Asimismo, plantea “Como ejemplo de esta realidad está la información que recogió durante la semana de protestas en noviembre del 2020, cuando registró 40 ataques a periodistas siendo 30 de estas ocasionadas por agentes policiales”.
“Anteriormente, la ANP había denunciado los daños graves que recibieron los periodistas Rudy Huallpa Cayo (Puno) y Marco Ramón Huaroto (Lima), quienes recibieron disparos de perdigón en un ojo, por parte de agentes policiales, mientras cubrían protestas ocasionando la pérdida de visión en este”.
La moción recoge que la ANP “propuso en el 2016 ante el Ministerio del Interior del Perú un protocolo de actuación de agentes policiales frente a la cobertura periodística, el mismo que desde la fecha no ha recibido el tratamiento administrativo correspondiente por el Estado Peruano para su aprobación”.
Con estos argumentos, FEPALC resolvió “exigir al Estado Peruano reactivar la mesa de trabajo para la aprobación, implementación y aplicación del protocolo especial de actuación policial frente a la actividad periodística”.
Y agrega que “esta acción deberá hacerse considerando especial participación activa de periodistas que han sido víctimas de agresiones durante protestas y represión policial”.
Lucha contra la impunidad
La tercera moción aprobada por FEPALC consiste en exigir acciones efectivas en casos de periodistas asesinados y desaparecidos en Perú.
La moción considera la alta tasa de impunidad en crímenes contra periodistas en Perú, con algunos casos que llevan alrededor de 40 años sin hallar justicia, evidenciando la frágil institucionalidad judicial del país.
Agregando que “sumada a las reiteradas acciones que han asumido algunos funcionarios o personas comprometidas en los procesos para perjudicarlos, han llevado estos casos hasta instancias supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El documento releva que solo se encuentran en proceso judicial seis de 64 casos registrados entre 1980 y 2017 que son los Mártires de los Mártires de Uchuraccay (1983), Jaime Ayala (1984), Hugo Bustíos (1988), Melissa Alfaro (1991), Pedro Yauri (1992) y Pedro Flores (2011).
“Asimismo, el alcance de la impunidad llega también a quienes han sufrido lesiones graves durante la cobertura periodística, especialmente en los contextos de protestas, ya que de los casos registrados solamente las agresiones cometidas en la semana de protestas de noviembre 2020 se encuentran en los procesos correspondientes para sancionar a los culpables”.
En tal sentido, FEPALC resuelve “exigir al Estado Peruano que brinde celeridad en la atención y resolución de los casos de impunidad en crímenes cometidos contra periodistas con sanción efectiva a los responsables materiales, intelectuales y políticos”
También señala que “esto también incluye doblar esfuerzos para que el Estado facilite los medios necesarios a fin de hallar los restos mortales de los periodistas que se mantienen en condición de desaparecidos”
“Por último, exhortar al sistema interamericano de Derechos Humanos que revise y resuelva con prontitud las solicitudes presentadas por las familias de los periodistas asesinados”.
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