Esta situación inició la noche del 30 de enero, con la cobertura de una confrontación entre manifestantes, que reclamaban la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, y otro grupo de civiles, en el distrito de Sangani Perené (a 2 horas de La Merced), que dejó 3 personas heridas de bala.

Según ha declarado el periodista a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), durante la cobertura tomó declaraciones en video a algunos de los manifestantes que habían recogido casquillos de bala, acusando a la policía de estar contratando a mafias de construcción civil para enfrentarlos.

Cuando el periodista retornó a La Merced, el 2 de febrero, publicó los videos en su portal informativo, entre estos, el que incluye las declaraciones de los manifestantes denunciando que encontraron casquillos de bala con identificación de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, publicó una captura de pantalla en la que un manifestante presentaba un casquillo que tenía la inscripción PNP y enunciaba en la descripción: “si la policía no usó arma de fuego, ¿Por qué manifestantes encuentran casquillos de bala en Sangani?”.

Horas después de realizada la publicación el periodista recibe una llamada que señala ser de Seguridad del Estado en la que le solicitan que elimine la publicación de la foto y que se apersone a la División Policial de Chanchamayo.

El periodista respondió indicando que la llamada telefónica no constituía una citación formal, por lo que no acudió a la división policial. Tras la llamada, y para evitar generarse problemas con la fuente policial, eliminó la publicación en cuestión.

Pese a ello, la noche del martes 7 de febrero recibió un oficio, con fecha del día anterior, sobre la publicación ya borrada indicando que “es menester indicar que la PNP no hizo uso de armas de fuego durante las acciones de restablecimiento del orden público”.

Asimismo, el documento solicita “que en el día y de manera pública, aclare dicha información de manera objetiva con indicación expresa del lugar, fecha, hora e identificación del efectivo policial que según su publicación habría utilizado el objeto hallado, esto a razón de que los hechos aducidos se encuentran en investigación a cargo del Ministerio Público”.

Por último, el documento finaliza sus argumentos señalando que “lo solicitado se fundamenta en que su labor como comunicador social debe regirse acorde a los principios de veracidad y objetividad (…)”.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza el actuar de la institución policial frente a la cobertura periodística que realizó Mario Adrián Aquino Oré, quien ha transmitido una denuncia ciudadana de interés público. Los periodistas no son responsables de los dichos de terceros y no pueden ser hostigados por ello.

Mucho menos se puede pretender que el periodista identifique al efectivo policial que habría hecho uso de arma de fuego. Esa es responsabilidad de inspectoría de la policía y, en su defecto, del Ministerio Público. Es por ello que la ANP considera esta citación intimidante y limitativa a la actividad periodística en circunstancias en que se requiere el registro en calle y la denuncia pública.

Es preciso recordar que, según el ordenamiento jurídico peruano, la labor de informar se sustenta en el ejercicio de derechos fundamentales como son las libertades de información y expresión y tiene protección por los alcances del secreto profesional.