En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Ugaz denunció la persistencia de un patrón de acoso y hostigamiento judicial sistemático en su contra por parte de entidades satélites y representantes legales del Sodalicio, orientado a amedrentar, asfixiar y silenciar su labor periodística mediante demandas reiteradas.

De acuerdo con los actuados judiciales, la querella fue ingresada el 17 de agosto de 2026 por el apoderado de la ACSJB, Raúl Guinea Larco, con el patrocinio del abogado Percy García Cavero. En un voluminoso expediente de más de mil folios, la entidad acumuló 36 notas de prensa, artículos y entrevistas emitidas entre 2021 y 2026 en medios como La República, El Comercio, Infobae, Radio Cutivalú y Epicentro TV.

La imputación de la ACSJB se divide en tres ejes: la supuesta conformación de un holding económico mediante presuntos activos ilícitos y el posible uso de beneficios tributarios del Concordato en el negocio de cementerios, así como los presuntos despojos de terrenos a comunidades campesinas de Castilla y Catacaos (Piura) en aparente coordinación con la banda criminal «La Gran Cruz del Norte».

En su petitorio, la asociación solicitó un año de pena privativa de la libertad, 120 días-multa y una reparación civil simbólica de un sol, requiriendo la reserva del fallo condenatorio sujeta a la rectificación obligatoria de las investigaciones y la publicación de la sentencia.

Inicialmente, mediante la Resolución N.° 01 del 17 de setiembre de 2026, la jueza Daysi Hellen Cochachin Bonilla declaró inadmisible la querella por graves omisiones al principio de imputación necesaria —como la falta de individualización de las frases emitidas a título personal por Ugaz frente a notas de terceros o de coautoría, y la falta de conexidad para estructurar un delito continuado—, otorgando tres días para subsanar.

Tras la subsanación presentada por la parte querellante, el juzgado resolvió admitir a trámite la demanda e iniciar el proceso contra la periodista.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reitera su solidaridad con la periodista de investigación Paola Ugaz, que viene afrontando una persecución judicial sistemática los últimos años por su trabajo de evidenciar el trasfondo económico de instituciones vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.