También se han documentado afectaciones laborales (3), entre las que destaca el despido de integrantes del Sindicato de Trabajadores de Latina Televisión (Sintralatina) tras la formación del mismo, a finales de febrero. Completan la lista las amenazas legislativas (3), detenciones (3) y robo (1).

En los primeros meses de un año de confrontación entre las esferas de poder, los hostigamientos tomaron forma de cartas notariales. Entre los casos más relevantes, encontramos el del caricaturista de La República, Carlos Tovar, quien recibió una carta de la Policía Nacional del Perú por una pieza artística satírica que criticaba a los malos efectivos dentro de la institución. Como Tovar, han recibido cartas notariales otros medios como Lima Gris, La Encerrona, Latina TV en la capital, pero también la periodista Tania Meza en Quillabamba y el portal informativo Servindi.

Otro caso preocupante es el de Liubomir Fernández, corresponsal de La República en Puno, quien es víctima de hostigamiento y amenaza por parte del abogado Enrique Calmet Choque. Tras la publicación de un reportaje evidenciando comunicaciones de Calmet Choque con las víctimas de una red de estafa piramidal, se denunció la aparición de un calzón negro en la puerta de su vivienda como amenaza. Además, el Diario Sin Fronteras reportó un mensaje de Whatsapp para amenazar a Liubomir: “Ahora me va a conocer. Un solo reporte y me va conocer. Se va arrepentir el resto de su vida”.

Se destacan tres intentos legislativos de coartar la libertad de prensa, todos presentados por parlamentarios de Acción Popular, involucrados en investigaciones como “Los Niños” y “Mocha sueldos”. En dos ocasiones, el congresista Luis Cordero Jon Tay planteó primero “prohíbir toda filtración de la identidad y/o declaración del colaborador eficaz en los medios de comunicación, a fin de garantizar la real reserva de la colaboración”, intentando bloquear las fuentes periodísticas. En un segundo momento, volvió a la carga proponiendo “crear el Colegio Profesional de Comunicadores del Perú” y establecer como requisito indispensable la colegiatura para ejercer la profesión. Según el análisis legal, esto significa que aquel comunicador no colegiado, no podría ejercer pese a que existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y del Tribunal Constitucional (TC) que señala lo contrario.

Su colega de bancada, Jorge Luis Flores Ancachi, le siguió los pasos con un Proyecto de Ley para establecer prohibiciones para contratar con el Estado “a los cónyuges, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, como a las empresas jurídicas en los que formen parte como socios, accionistas, representantes legales y gerentes”. Una iniciativa que discriminaría, en el marco del derecho al trabajo, a allegados a hombres y mujeres de prensa.

En términos judiciales, nuevamente se atacó a Gustavo Gorriti, quien fue denunciado penalmente por el partido político Fuerza Popular, basándose en declaraciones no corroboradas de un colaborador eficaz. Además, el fiscal Alcides Chinchay Castillo le requirió entregar información de su teléfono celular con amenaza de solicitar, en su momento, el levantamiento del secreto de comunicaciones, intentando vulnerar el derecho a reserva de fuentes que ampara al trabajo periodístico.

Los principales agresores fueron civiles, con 69 ataques registrados, seguidos por funcionarios públicos, protagonistas en 33 oportunidades. Completan la lista 13 agentes de seguridad (miembros de las fuerzas del orden – seguridad), 3 empleadores y 1 elemento no identificado.

En cuanto a funcionarios, la presidenta de la República, Dina Boluarte, mostró un rostro hostil para con la prensa en más de una oportunidad. Iniciando el año, el 17 de enero, acusó al dominical Cuarto Poder de “difamar programáticamente” a su hermano Nicanor Boluarte, “que muestren las pruebas”, mencionó. Tiempo después, el 30 de marzo, en un mensaje a la Nación por el escándalo de los Rolex, calificó la información periodística como “noticias tendenciosas y falsas” utilizadas para generar “caos e incertidumbre”.

A ella, en el presente año, se suma el alcalde provincial de Cutervo (región Cajamarca), Moises Gonzalez Cruz, así como sus funcionarios y allegados, quienes han comenzado e intensificado su trato hostil con periodistas locales en el contexto de cuestionamientos en el caso del Estadio Juan Maldonado Gamarra.

Asimismo, las/los periodistas atacados provenían en su mayoría de medios digitales (45), pero los medios tradicionales también sufrieron agresiones: televisivos (30), radiales (29) y escritos (15).

La provincia dónde se han producido el mayor número de vulneraciones al ejercicio informativo ha sido Lima con 53 casos. Tras la capital figuran Cutervo y Moquegua (9), Abancay y Huamanga (6), San Martín, Trujillo y Maynas (4), entre otras 15 provincias que completan la lista con menos de 3 sucesos.