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La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera que no debe pasar inadvertido lo expresado por María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Congreso de la Republica, quien pretendía silenciar la crítica en compensación al otorgamiento de una exclusiva periodística. Desde el gremio rechazamos la conducta de quien, en ejercicio de mandato popular, con actitudes como esta, expresa su desprecio al periodismo y a quienes lo ejercen.
Tal como lo hicimos, cuando miembros del Ejecutivo pretendían digitar preguntas o coberturas, sin entender que uno de los principios básicos del periodismo es la independencia, hoy protestamos gremialmente ante una actitud que en la práctica persigue deslegitimar la naturaleza de nuestro quehacer.
La presidenta del Congreso no puede guardar silencio ante los audios en los que se le reconoce increpando a un medio de comunicación luego que emitiera críticas a su persona por el intercambio sostenido con la alcaldesa de Ocoña en el Legislativo. Para María del Carmen Alva, tras la entrevista exclusiva que otorgó al medio, éste debió darle un trato preferente omitiendo cualquier información en su contra. Ello no hace más que demostrar la falsa percepción de algunos políticos que conciben las entrevistas y declaraciones en medios de comunicación como un favor, una dádiva, que otorga el personaje público antes que su responsabilidad para con la ciudadanía.
La ANP considera válido que el semanario Hildebrandt en sus Trece haya registrado y difundido el audio en cuestión al ponderar que el contenido del mismo, los personajes y las circunstancias en que se produjo son de interés público. No cabe aquí, bajo ninguna perspectiva, argumentar derecho a la privacidad ni a la voz o imagen propias. El sistema interamericano, sobre este particular, ha señalado en múltiples sentencias que resulta legítimo registrar y difundir contenidos en dichos contextos, al prevalecer el derecho a la información de la ciudadanía.
Agrava la situación de la presidenta del Congreso el hecho que, al saberse fotografiada en una reunión con políticos de oposición en un hotel de Lima, haya ordenado a los agentes de seguridad del Estado que acordonen el recinto y persigan al fotoperiodista. Cualquier pretensión de querer arrebatar la herramienta de trabajo y suprimir el material probatorio de la reunión habría resultado en un grave atentado al derecho a la información.
Finalmente, la ANP recuerda que el principio de transparencia y rendición
de cuentas alcanza a todas las personas que se encuentran en espacios de
poder y decisión por mandato público.
Lima, 12 de febrero 2022
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ANP
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