La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del periodista Liubomir Fernández Fernández, corresponsal del diario La República, en Puno, ante un potencial atentado contra su integridad personal y familiar.
Este pedido llega luego que denunciara reglaje y amenazas como consecuencia de su trabajo, en el contexto de la cobertura de un caso de estafa piramidal y usurpación de terrenos donde está implicado el abogado Enrique Calmet Choque. Fernández investiga el caso desde 2019.
El episodio más reciente tuvo lugar el 15 de febrero de 2024, cuando Fernández denunció la aparición de un calzón negro en la puerta de su vivienda en Puno. Agentes de inteligencia policial indicaron que se trataría de una amenaza dirigida a una mujer de su círculo cercano.
Esto sucedió tras la publicación de un reportaje en La República evidenciando comunicaciones que revelarían los planes del abogado Enrique Calmet Choque con las víctimas de una red de estafa piramidal en Puno, a quienes ofrecía la devolución de sus aportes al “centro inversor” a cambio de que firmen un documento de no adeudo, buscando frenar las investigaciones de la Fiscalía.
Según información difundida por el Diario Sin Fronteras, tras este acontecimiento se detectó la presencia de una persona con características físicas similares a las de Calmet Choque cerca de la vivienda de un familiar de Fernández, llegando a bordo de una moto y registrando el inmueble para luego dar cuenta por un teléfono celular de los hallazgos, lo que sugiere una coordinación organizada para intimidar al periodista y a su entorno. Fernández explica que, tras causar incomodidad en Calmet por sus reportajes, se pretende realizar un “escarmiento” para silenciarlo y amedrentarlo.
El caso que motiva esta amenaza surge en noviembre de 2021, cuando Liubomir Fernández cubrió el desalojo para la toma de posesión de un área del terreno del colegio y politécnico Huáscar, en Puno.
Durante el incidente, fue agredido por un grupo vinculado a Enrique Calmet Choque, quien estaba implicado en el caso, quienes le rociaron un líquido corrosivo a los ojos. Posteriormente, tras intentar entrevistar a Calmet, este lo estigmatiza y lo insulta.
Tras ello, fue detenido arbitrariamente por el Mayor Claudio Dany Osorio Julca, quien actuó con brutalidad, presionando con su rodilla el cuello del periodista y propinándole golpes en el estómago y la cabeza.
Meses después, en agosto del 2022, el Diario Sin Fronteras señaló, que el periodista era blanco de reglaje por el trabajo de investigación que realizaba al entorno más cercano del empresario Enrique Calmet Choque, quien tiene especial protagonismo en el caso del politécnico.
Considerando todos estos elementos, el jueves 21 de marzo las organizaciones defensoras de la libertad de prensa ingresaron el pedido de medidas cautelares en favor del periodista y los integrantes de su grupo familiar que son materia de la amenaza.
Adicional a esto, en la víspera, la ANP ha dirigido comunicación formal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) solicitando la activación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y, al Ministerio del Interior (MININTER) requiriendo la provisión de garantías personales y medidas de debida protección para el periodista Liubomir Fernández e integrantes de su grupo familiar.