En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (OFIP), Cabral señaló que el hecho ocurrió el martes 10 de febrero, cuando demostraron cómo, mediante la simple alteración de un dígito en los enlaces de la “Cartilla Tributaria”, cualquier usuario podía acceder a información reservada de cualquier otra persona que tenga domicilio en el distrito.

Los datos expuestos incluían números de DNI, teléfonos celulares, direcciones exactas, dimensiones de predios y fotografías actualizadas de las viviendas de los vecinos miraflorinos.

Horas después de la difusión, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la municipalidad publicó un comunicado oficial tildando el hallazgo periodístico como una “manipulación de los accesos” y una “vulneración malintencionada”.

La entidad edil informó que, con fecha 9 de febrero, solicitó la intervención del Ministerio Público por la presunta comisión del delito informático, alegando que el reporte configuraría una obtención ilegal de información y violación de la reserva tributaria.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su firme rechazo al pedido de investigación penal promovido por la Municipalidad Distrital de Miraflores contra los periodistas Ernesto Cabral y Brandon Quevedo, de La Encerrona, quienes actuaron en estricto ejercicio de su labor informativa al revelar una grave vulnerabilidad en la plataforma digital municipal que exponía datos sensibles de miles de vecinos.

Recordamos que el periodismo cumple una función de interés público al evidenciar fallas que comprometen la seguridad y la protección de datos personales, y que pretender criminalizar esta labor constituye un grave precedente que afecta la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.

En lugar de desviar responsabilidades hacia quienes alertaron sobre el riesgo, corresponde a la autoridad edil asumir responsabilidad, responder por ella y garantizar que hechos de esta naturaleza no se repitan.

La ANP demanda el cese de cualquier acción intimidatoria contra los periodistas y reafirma que investigar y difundir información de evidente interés público no puede ser objeto de persecución penal.