En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Tiburcio relató que fue notificada el viernes 17 de octubre mediante un mensaje de WhatsApp enviado por el suboficial Espinoza de la DEPINCRI San Martín de Porres. En el texto se le informó que está siendo investigada por el presunto delito de denuncia calumniosa.

Esta nueva denuncia se suma a nueve procesos judiciales iniciados por Quijada desde el 2021, cuando postulaba al parlamento. Todos fueron archivados por el Ministerio Público. En ese periodo, el excandidato interpuso querellas y denuncias por difamación agravada, ejercicio ilegal de la profesión, ciberdelitos, violación a la intimidad, tráfico de datos, suplantación de identidad y falsedad genérica, en distintas fiscalías de Lima, bajo la estrategia conocida como ruleteo judicial.

Las acciones legales se originaron tras la publicación de una investigación que recogió testimonios y denuncias policiales contra Quijada por acoso a escolares, difundida durante la última campaña de elecciones generales. A raíz de la difusión del reportaje, la periodista fue objeto de hostigamiento y amenazas de muerte, además de reiteradas denuncias que fueron desestimadas por falta de sustento.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reitera su solidaridad con la periodista Graciela Tiburcio, víctima de hostilidad judicial por parte del excandidato Víctor Hugo Quijada Tacuri, cuya mala praxis evidencia la instrumentalización de las figuras penales como una forma de persecución.

Desde la ANP exhortamos a las autoridades competentes a valorar con criterios razonables la denuncia presentada, observando la mala fe del denunciante, y determinando el archivo de este nuevo intento de persecución a la actividad periodística.