En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la comunicadora relató que los hechos ocurrieron el viernes 31 de octubre, alrededor de las 10:30 de la mañana, a su salida de la emisora Radio TV Mallmanya y se dirigía a la segunda audiencia pública cuando, en la plaza de armas de Challhuahuacho, fue interceptada por Ricardina Yucra Peralta.

Según su testimonio, la agresora la increpó en público: “¿tú qué sabes, que yo tengo testaferros?”, “por tu culpa tengo problemas con mi esposo”, “esto no se va a quedar así, cuídate” y “te voy a matar”, mientras la golpeaba y la insultaba. Además, intentó arrebatarle el teléfono móvil, que quedó dañado durante la agresión.

La periodista acudió al Centro de Salud de Challhuahuacho el 1 de noviembre, donde se registraron las lesiones, y formalizó la denuncia el 3 de noviembre en la Comisaría PNP de Challhuahuacho. De acuerdo con el acta de denuncia policial y el certificado médico legista, presenta contusiones en cabeza, cara y extremidades, además de hematomas en el brazo y muslo derecho.

La denuncia fue registrada por los presuntos delitos de lesiones y violencia psicológica, y la víctima refirió temor por su seguridad tras recibir expresiones amenazantes como “cuídate, esto no se va a quedar así”.

La agraviada señaló que la agresión estaría vinculada con reportajes recientes emitidos en SRM Noticias sobre presuntas irregularidades en las contrataciones municipales, que habrían involucrado a allegados de la familia del alcalde. En esas emisiones, el medio documentó supuestos vínculos entre proveedoras locales y grupos de mensajería empleados para coordinar cotizaciones favorecidas, incluyendo un proveedor cuya facturación supera el millón de soles.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza la agresión física de la que ha sido víctima Sindy Roque Maldonado por parte de la esposa del alcalde distrital de Challhuahuacho tras denuncias de presuntas irregularidades en dicha comuna.

La ANP es enfática al señalar que las autoridades competentes tienen el deber de determinar responsabilidades y sanción ante este hecho flagrante.