En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Bravo señaló que los hechos ocurrieron el lunes 23 de marzo, desde las 3:00 de la tarde aproximadamente, tras realizar cobertura en el Colegio San Nicolás de Tolentino del distrito de Zaña, donde varios medios informaron sobre una visita oficial del Cardenal Carlos Castillo Mattasoglio.

Bravo Díaz coordinaba junto a una colega de otro medio el retorno a la ciudad, debido a que no tenían movilidad. Entonces, el alcalde Sipión, al escuchar ello, les ofreció trasladarlas en una minivan.

Durante el trayecto se detuvieron en un restaurante en la carretera, ya que previamente el alcalde les había preguntado si habían almorzado mientras conversaban sobre el presunto atentado registrado en su contra días antes. Las reporteras no aceptaron bajar, señalando que debían llegar a Chiclayo.

Al arribar a la ciudad, la periodista del otro medio solicitó bajar en la Av. Yortuque, dejándola descender sin problemas cuando el vehículo se detuvo en el lugar señalado. Sin embargo, cuando Antuanné Bravo Díaz intentó seguirla, el alcalde entrelazó sus brazos con los de su jefe de imagen y sentenció: “Ella no se va a bajar”.

Pese a los intentos de la periodista por salir, el vehículo aceleró de manera brusca, alejándola de su colega y manteniéndola dentro de la unidad contra su voluntad. Durante el trayecto, Bravo permaneció en comunicación con la periodista que acababa de bajar, mientras los acompañantes del burgomaestre comentaban que la situación “configuraba como secuestro”.

Tras varios minutos, al llegar a un restaurante en una zona desconocida, el alcalde ordenó a su personal: “No dejen que se vaya”. Bravo logró desprenderse del brazo del burgomaestre cuando este intentó sujetarla nuevamente y huyó del lugar.

Tras lograr escapar, la periodista acudió a la Comisaría PNP César Llatas Castro de Chiclayo, donde formalizó una denuncia por el presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de coacción.

Cabe destacar que el alcalde Sipión Bornaz se desplaza en silla de ruedas tras un presunto intento de secuestro sufrido el 21 de marzo, del que se habría librado aventándose de una mototaxi en movimiento. Sin embargo, el jefe de la Región Policial Lambayeque, General PNP Luis Bolaños Melgarejo, reveló el 24 de marzo que no existe ninguna denuncia ni investigación oficial por dicho atentado contra la autoridad edil, y que se trató, en realidad, de un accidente automovilístico.

Mediante comunicado oficial, la Municipalidad Distrital de Pacora rechazó la denuncia y aseguró que durante el trayecto no se ejerció fuerza ni restricción alguna contra la reportera, negando los hechos denunciados.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con la periodista de Exitosa Chiclayo, Antuanné Bravo Díaz, frente a los hechos denunciados y demanda una investigación célere, imparcial y exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La ANP recuerda que ninguna autoridad puede ejercer presión, intimidación o restricción alguna contra periodistas en el ejercicio de su labor. De confirmarse la comisión de un delito contra la libertad personal, corresponde que se apliquen las sanciones ejemplares que establece la ley.