Ese mismo día el periodista Martín Peregrino, del portal regional Otra Prensa de Cajamarca, denunció amenazas y hostigamiento por parte del empresario Luis Alberto Tapia, luego de publicar un informe sobre la grabación de videos íntimos de mujeres sin su consentimiento.

Asimismo, la ANP Chanchamayo denunció que el periodista Jesús Véliz Cuenca fue impedido de ingresar en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical «Julio Cesar Demarini Caro» de la Ciudad de La Merced. El vigilante de turno, bajo órdenes superiores, le informó que no podía ingresar debido a que “se había prohibido el acceso a los periodistas».

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, amenazó con denunciar a la prensa por informar sobre investigaciones en su contra durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello. El juez reconoció que tanto él como otros magistrados de la Corte se encuentran bajo investigación preliminar por el Ministerio Público debido a presuntos actos de corrupción. Sin embargo, acusó a la prensa de vulnerar derechos y anunció que evalúa presentar denuncias contra los medios de comunicación que difundan información relacionada con estos casos.

El martes 28 la reportera Fátima Constantino, de Exitosa Chiclayo, fue detenida por cinco agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras grababa el caos vehicular en la ciudad de Chiclayo.

El jueves 30 el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo pública una carta notarial enviada al periodista Marco Sifuentes, director de La Encerrona, en la que exige una rectificación por supuesta “información falsa y agravante”.

Ese mismo día, en Ilo, periodistas locales fueron limitados en su trabajo de cobertura periodística en la ceremonia de entrega de Llaves del Proyecto Habitacional “Villa Primavera” – IV Etapa, encabezada por Dina Boluarte. La ANP Ilo denunció que “la instalación de un cerco metálico y el confinamiento de los periodistas en un área restringida constituyen un atropello a la libertad de prensa”.

El viernes 31, en el aeropuerto de Tacna, un numeroso contingente policial limitó la cobertura periodística de la llegada de Dina Boluarte a esta ciudad. Periodistas locales denunciaron que les ubicaron en un lugar distante, que dificultaba su labor informativa, y no les dejaban moverse de ese espacio.

Ese mismo día, en Talara, las periodistas Carla Sandoval y Alicia Urbina fueron insultadas y agredidas por pescadores mientras cubrían una visita del congresista Guillermo Bermejo.

El 1 de febrero, a través de su cuenta oficial en X, el Ministerio Público realizó una publicación desmintiendo un informe del periodista Américo Zambrano en el semanario Hildebrandt en sus Trece, dando cuenta de la existencia de un audio que demostraría una campaña del fujimorismo, al interior de la Fiscalía, para destituir al fiscal José Domingo Pérez. La publicación periodística se fundamentaba en documentos oficiales.

Al día siguiente, 2 de febrero el Ministerio del Interior publicó en sus redes sociales un comunicado oficial a partir de un reportaje difundido por el dominical Cuarto Poder, señalando que “la insinuación efectuada en este programa carece de toda fiabilidad, como la gran mayoría de sus reportes destinados al sector”.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su protesta y rechazo por estos episodios de maltrato a la actividad periodística que se suman a los lamentables indicadores del deterioro de la libertad de prensa en el Perú. Desde el gremio exigimos a las autoridades de todos los niveles de gobierno generar las condiciones para el ejercicio seguro del periodismo.