En lo que va del año 2025, han sido registrados 101 ataques a periodistas y medios de comunicación, de acuerdo al reporte de la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) presentado en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Los hostigamientos y amenazas constituyen el tipo de ataque más común, con un total de 34 casos, seguidos por las agresiones físicas/verbales (24), discursos estigmatizantes (22), trabas a la cobertura informativa (11), intimidaciones judiciales (4), y amenazas legislativas (4).

También se ha documentado el asesinato de un comunicador social en Ica y la detención de una reportera en Chiclayo.

Este año el caso de mayor gravedad se registró en Ica, el 20 de enero. Luego de 8 años sin registrar crímenes contra periodistas en Perú, el comunicador social Gastón Medina, propietario y director de Cadena Sur TV, fue asesinado por un sicario en moto, quien le propinó varios disparos, cuando salía de su vivienda con el fin de trasladarse a Radio Nova para llevar adelante su programa informativo del mediodía.

A la fecha han pasado más de tres meses y aún no se tienen resultados de las investigaciones. Gastón Medina, con su estilo crítico y mordaz, venía denunciando irregularidades en el Gobierno Regional de Ica, municipalidad provincial, Corte Superior de Justicia y a la mafia de extorsionadores de colectiveros.

Cuatro intentos legislativos de coartar la libertad de prensa

El primero data de febrero de este año. La congresista María Agüero Gutiérrez, de Perú Libre, presentó un proyecto bajo el nombre de “Ley de Transparencia en la Propiedad, el Financiamiento y Actividades de los Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación”, que en realidad intentaba imponer un mecanismo de control y presión sobre los medios de comunicación, otorgándole al Ejecutivo competencia para sancionar a quien no cumpla con lo estipulado en el proyecto.

El segundo, de marzo, cuando el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la denominada “Ley Mordaza” -que es una nueva versión de la archivada en el 2023, esta vez corregida y aumentada. Dicho marco normativo pretende elevar las penas por difamación a cinco años, incorporar “la intimidad” al delito de difamación y cambiar las reglas de la rectificación.

En el mismo mes de marzo, el Poder Ejecutivo, intentó sin éxito imponer una “franja informativa” en las radios y televisoras de señal abierta de todo el territorio nacional.

El 14 de abril, la presidenta de la República promulgó la denominada “Ley APCI”, que bajo el argumento de fortalecer el rol de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, convierte a esta entidad en un instrumento de censura previa contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios independientes del país que reciben fondos de la cooperación internacional.

Patrones: agresores, lugares y tipos de medio

Los principales agresores fueron funcionarios, con 50 casos; seguidos de agentes de seguridad (miembros de las fuerzas del orden-seguridad) con 21 casos; civiles con 19 ataques registrados y elementos no identificados con 11 casos.

En cuanto a funcionarios, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga protagoniza 14 casos, en estos primeros cuatro meses del año, en los que en discursos públicos, o a través de sus redes sociales estigmatiza y hostiga a periodistas y medios.

La escalada de ataques de la presidenta de la República, Dina Boluarte, han transitado de la denominación de «terrorismo de imagen» para calificar la crítica periodística a señalar a los medios, en dos ocasiones, como «golpistas».

Esto se suma al “enrejamiento permanente” que sufren reporteros/as, fotoperiodistas y camarógrafos, en Lima y regiones, que cubren actividades oficiales en los que participa la Presidenta de la República, a quienes intentan alejar lo máximo que puedan o restringirles la movilidad para evitar que le hagan a la presidenta Boluarte preguntas de interés público.

En regiones, en Chiclayo se produjo un caso relevante en el mes de enero. La periodista Fátima Constantino, de radio Exitosa, fue detenida arbitrariamente al tomar registro audiovisual del caótico tránsito en la ciudad, bajo la excusa de un no justificado control de identidad.

De manera especial hay que señalar también las agresiones físicas contra colegas en Maynas y Huánuco, responsabilidad de los equipos de seguridad de los gobernadores regionales de La Libertad, Huánuco y Loreto, quienes recurrieron a la violencia o procedimientos burocráticos para obstruir la cobertura informativa.

Asimismo, las/los periodistas atacados provenían en su mayoría de medios digitales (53), pero los medios tradicionales también sufrieron agresiones: televisivos (21), radiales (15) y escritos (12).

La provincia dónde se han producido el mayor número de vulneraciones al ejercicio informativo ha sido Lima con 46 casos. Tras la capital figuran Arequipa y Maynas (4), Cajamarca, Chiclayo y Huaraz (3), Andahuaylas, Callao, Chanchamayo, Huánuco, Huaura, Ica, Moquegua, San Martín y Talara (2), entre otras 19 provincias que completan la lista con 1 suceso cada una.