ANP rechaza proyecto del Ejecutivo que criminaliza a periodistas y fuentes
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza la propuesta del Ejecutivo de modificar el Código Penal “para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales”, carente de sustento que, en la práctica, criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas, atentando además contra el secreto profesional.
Esta iniciativa forma parte del Proyecto de Ley 13280 “que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional” formulado desde el despacho de Presidencia de la República.
Las actuales intenciones del Ejecutivo, liderado por el presidente José Jerí, recuerdan al sector intentos similares impulsados en su momento por los regímenes de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Nuevamente, la libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública cae en el foco del ataque restrictivo impulsado por sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes.
Asimismo, hacemos notar que la exposición de motivos señala que la finalidad de la norma es “proteger la reserva de información pública vinculada a la persecución penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad”, evidenciando la real intención que tiene la propuesta, sin fundamentar cómo la revelación de información reservada afecta las acciones hacia la criminalidad organizada.
En ese sentido, la ANP señala que esta propuesta no se puede entender como parte de la lucha contra la criminalidad organizada, por el contrario, va directamente contra el periodismo de investigación desarrollando una censura previa en estos casos.
Por estas razones, exhortamos a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que suprima este extremo de la propuesta normativa por atentar contra el periodismo de investigación y ser incongruente con la finalidad del proyecto de ley.
El Ejecutivo, de prosperar la propuesta, no solo causaría una grave afectación a la libertad de prensa, sino también lesionaría gravemente el derecho de la gente a saber.
Finalmente, recordamos que las normas penales no se deberían aprobar vía facultades legislativas, ya que, al ser restrictivas de derechos, deben gozar del más amplio debate. Los estándares de Derechos Humanos recomiendan que este tipo de modificaciones penales no se produzcan de esa manera.
Lima, 22 de noviembre de 2025
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Matriz histórica del movimiento organizado de los trabajadores periodistas, fundada el 21 de julio de 1928. Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
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