En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), César Prado explicó que la investigación tiene como origen las declaraciones de Miguel Ángel Girao Isidro, exasesor de la destituida fiscal de la Nación Patricia Benavides. Girao afirmó que existía una supuesta coordinación entre Barreto y los periodistas, con el fin de favorecer a Benavides en la elección de fiscales supremos de 2022. Según Prado, tales señalamientos carecen de pruebas y constituyen represalia frente a investigaciones periodísticas sobre la gestión de Benavides y su entorno.

El periodista señaló que el testimonio de Girao fue recogido en un reportaje televisivo en noviembre de 2024 y posteriormente utilizado por el hijo del exabogado Rodolfo Orellana para presentar una denuncia. Aunque el denunciante solo acudió una vez a declarar y no presentó pruebas adicionales, el fiscal a cargo decidió abrir investigación y darle curso a la denuncia.

Prado advirtió que la solicitud de levantar el secreto de las comunicaciones constituye una amenaza directa al trabajo periodístico, pues compromete la reserva de las fuentes y podría derivar en filtraciones con fines políticos.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su más enérgica preocupación frente a esta solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones a periodistas. La medida constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la reserva de las fuentes informativas, pilares fundamentales de la democracia.

La ANP recuerda que el secreto profesional de los periodistas está protegido por la Constitución y la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Intentar quebrantarlo bajo el argumento de una investigación induce a represalias y persecuciones contra quienes cumplen con el deber de informar.

Pretender convertir el vínculo fuente–periodista en un hecho criminalizable sienta un precedente peligrosísimo para el ejercicio del periodismo en el país.

Por ello, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú demanda al Ministerio Público que respete las garantías constitucionales del periodismo y desestimen cualquier medida que vulnere la protección de las fuentes informativas.