En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Andrade reportó que la resolución de auto admisorio de la demanda les fue notificada el pasado 3 de febrero, tras haber sido admitida por el Primer Juzgado Civil de Andahuaylas.
La demanda, presentada el 13 de enero de 2026, alega una presunta “vulneración del derecho al honor y a la buena reputación, así como a la imagen propia, además por transgresión del derecho a la presunción de inocencia”.
El recurso legal exige específicamente el retiro o eliminación de las publicaciones en las cuentas de Facebook denominadas “
Portada.pe” y “Fuerza Informativa Apurímac”, así como la prohibición expresa de realizar nuevos comentarios o difusiones relacionadas con el magistrado, sus funciones o su vida personal.
Andrade precisó que las publicaciones cuestionadas datan de noviembre de 2025 y se basaron en una queja funcional y una denuncia penal interpuestas por una ciudadana que acusó al alcalde de Andahuaylas, Abel Serna, de presunto abuso sexual.
Según el relato periodístico, el magistrado habría denegado garantías a la víctima actuando bajo un evidente conflicto de intereses, dado que su pareja sentimental, Janeth Yovana Contreras Jiménez, es funcionaria de confianza en la municipalidad liderada por el alcalde denunciado.
La periodista detalló que la información difundida incluyó documentos de la queja ante el órgano de control del Poder Judicial y fotografías que evidencian la convivencia del juez con la referida funcionaria, datos que la propia denunciante aportó como prueba de parcialidad.
Las partes han sido citadas para el próximo 6 de abril de 2026 a una audiencia única virtual. La defensa de la periodista ya presentó su contestación.
El juez que admitió la demanda, Demetrio Miranda Quispe, habría sido anteriormente secretario del magistrado demandante, lo que comprometería la imparcialidad del proceso.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con Analí Andrade y Edwin Ramírez Delgado por este nuevo episodio de persecución judicial que afrontan, el mismo que debe ser debidamente analizado por las autoridades judiciales al confluir potenciales conflictos de interés siendo el demandante un magistrado.
Asimismo, la ANP advierte con preocupación el incremento del uso de recursos que pretenden obligar a periodistas a eliminar publicaciones de relevancia pública o generar una censura previa respecto a quienes ejercen función pública, hecho que es totalmente atentatorio contra el derecho a la información de la ciudadanía.
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