En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Villacorta relató que los hechos ocurrieron el 21 de mayo, a las 12:46 de la tarde, al interior de la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del Datem del Marañón.

Como parte de una entrevista, el periodista cuestionó al consejero por presunto proselitismo político dentro de una institución educativa pública. Días antes, DTV había difundido imágenes donde se observaría a Requejo realizando actividades políticas en un colegio de la provincia, hecho que vulneraría el código de ética de los consejeros regionales.

Requejo respondió de forma confrontacional, acusando a Villacorta de informar con “mala intención” y justificando su presencia en el colegio como una visita de fiscalización solicitada por la población.

El intercambio escaló cuando el consejero lanzó descalificaciones personales, acusándolo de “desconocimiento e ignorancia” y burlándose de sus estudios universitarios.

Tras la difusión del video del incidente, Requejo publicó un mensaje en redes sociales donde afirmó: “Fui atacado verbalmente por un comunicador social, Jaime Villacorta, quien lamentablemente ha difundido un video incompleto que no muestra toda la situación. En dicho video, se omiten los insultos que recibí antes de reaccionar. Mi intención nunca fue generar conflicto, pero es evidente que se está buscando tergiversar los hechos y desviar la atención”.

Añadió además que “no me sorprendería que esto venga impulsado por el señor Wagner”, refiriéndose a un presunto sesgo en la cobertura de Villacorta para favorecer a Wagner Musoline, alcalde de Manseriche. “Mientras a mí se me cuestiona constantemente, a él se le rinde alabanza”, señaló.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza enérgicamente las expresiones peyorativas vertidas por el consejero regional de Loreto, Royner Requejo Cabrera. Como alto funcionario del Estado, su conducta resulta inaceptable y constituye una grave falta ética.

Estigmatizar a quienes cumplen con el deber de informar no solo atenta contra la libertad de prensa, sino que vulnera de forma flagrante el Código de Ética de la función pública.