En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Marchán informó que el documento fue recibido el 17 de setiembre y lleva la firma del presidente ejecutivo de la entidad, Luis Natal Del Carpio Castro.

La misiva tiene su origen en una serie de investigaciones que El Foco viene publicando respecto a presuntas irregularidades, falta de solvencia patrimonial y adjudicación de proyectos OXI a quienes la publicación señala como «empresas de fachada», entre ellos el informe titulado: «Empresas ganan contratos de obras por impuesto por S/ 360 millones poniendo como garantía cerros y colchones usados».

En la carta notarial, la entidad estatal no solo formula descargos técnicos sobre sus competencias normativas, sino que solicita de forma expresa al medio periodístico a “cesar la difusión de información, expresiones o elementos gráficos y audiovisuales”, ordenando además retirar o modificar las portadas, miniaturas y publicaciones donde aparezca el nombre o logotipo institucional de Proinversión.

La entidad otorgó un plazo perentorio de cinco días para acatar estas exigencias, bajo la amenaza de adoptar acciones legales en la vía judicial y administrativa.

El jueves 15 de octubre Eloy Marchán publicó su respuesta a esta carta con una publicación en el portal informativo señalando que “en los seis años de existencia que tiene EL FOCO, nunca hemos recibido una carta notarial donde una entidad del Estado nos amenace con denunciarnos si seguimos investigando los contratos que firma o los proyectos que promociona” y que “Proinversión es una institución pública y, por lo tanto, debe ser fiscalizada por el periodismo y la opinión pública”.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con el equipo periodístico de El Foco y rechaza enérgicamente la pretensión de censura ejercida por Proinversión. Exigir el retiro de contenidos periodísticos y el cese de investigaciones sobre asuntos de interés público, bajo amenaza de acciones judiciales y administrativas, constituye un grave mecanismo de intimidación que resulta incompatible con los principios de libertad de expresión y de prensa. Las entidades del Estado no pueden pretender sustraerse del escrutinio periodístico ni utilizar su poder institucional para inhibir investigaciones sobre el uso de recursos públicos y la gestión de intereses colectivos.

(Foto: El Foco)