En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Camilo Morales relató que el 17 de junio de 2026, pobladores de Pomallucay convocaron al alcalde provincial Carlos Oyola Ayala para exigir el reinicio y culminación de una obra de pistas y veredas que llevaba más de un año paralizada.

Alrededor de las 2 de la tarde, ante la ausencia del alcalde provincial y el arribo de dos emisarios municipales, los comuneros señalaron que esperarían, junto a los funcionarios, en la sede comunal para forzar la llegada de la autoridad edil.

En ese contexto, cerca de las 6:00 de la tarde, el comunicador llegó a la zona para reportar lo que ocurría, iniciando una transmisión en vivo en la que entrevistó tanto a los dirigentes de la protesta como a los propios servidores municipales retenidos, quienes señalaron que aguardaban la presencia del alcalde.

Horas más tarde, alrededor de las 8:00 de la noche, efectivos policiales llegaron y levantaron un acta; tras ello, los dirigentes sostuvieron una vigilia durante la madrugada hasta que, a las 8:00 de la mañana del día siguiente, los funcionarios se retiraron tras la llegada de representantes de la fiscalía y la policía. El comunicador se había retirado del lugar horas antes, a las 4 de la mañana.

Pese a que señala que su intervención se circunscribió estrictamente al registro periodístico, el 1 de julio, la fiscal adjunta provincial provisional Helida Josefina Romero Flores, de la Fiscalía Provincial Penal de Carlos Fermín Fitzcarrald, resolvió ampliar una denuncia inicial para incluir a Milton Camilo, junto a dirigentes locales, como presunto autor, coautor, instigador o cómplice de los delitos de secuestro y coacción en agravio de los trabajadores ediles Carlos Alberto Zarzosa Caqui y Jhon Dionicio Barrio Nuevo, en mérito a un escrito presentado por los denunciantes Joseph Rosales Cárdenas y Erick Trejo Carhuapoma.

En ese sentido, el sábado 10 de octubre de 2026 el Departamento de Investigación Criminal (Depincri Huaraz) notificó al comunicador una disposición fiscal en que le dan 72 horas para designar a su defensa legal e iniciar el proceso.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP recuerda que la labor de un periodista es registrar, documentar e informar sobre hechos de interés público, sin que su presencia en el lugar de los hechos ni la difusión de imágenes, testimonios o transmisiones en vivo lo conviertan, por sí mismas, en responsable de lo sucedido. El ejercicio del periodismo no puede convertirse en motivo de criminalización ni justificar la incorporación de periodistas en investigaciones penales por hechos que cubren en cumplimiento de su función.