En 1983, cuando ocho periodistas y un guía fueron asesinados en las alturas cordilleranas de Ayacucho, el país vivía la peor época de violencia de la historia republicana. Informar significaba exponerse a la muerte, desplazarse sin garantías, asumir riesgos extremos frente a un Estado ausente. En ese contexto, el periodismo se ejercía con convicción ética, pero sin protección alguna.

Uchuraccay marcó un quiebre histórico. No fue un episodio aislado ni un “exceso” de la época. Fue el inicio de un mensaje devastador: investigar, contrastar versiones y acercarse a las comunidades podía pagarse con la vida. La falta de justicia en ese caso no solo agravió a las víctimas; sentó las bases de una cultura de impunidad que se normalizó con el paso de los años.

Desde entonces, el Perú suma 68 periodistas asesinados. Cada uno de esos crímenes no está aislado de lo que sucedió en Uchuraccay. La ausencia de sanción envió una señal clara a los enemigos de la libertad de prensa: en este país, matar a un periodista no tiene consecuencias. La impunidad se convirtió en un incentivo, no en una excepción.

Hoy, el contexto es distinto, pero el riesgo persiste. Cuarenta y tres años después vivimos una regresión de derechos y libertades que golpea con igual dureza a quienes informan desde las regiones. En el Perú de hoy, cuatro periodistas han sido asesinados por ejercer su labor. Cuatro comunicadores regionales, vulnerables, sin respaldo, que buscaban llegar a la verdad y cumplir con su deber profesional.

Como ayer, investigaban al poder y a la corrupción. La historia se repite porque nunca se cerró el ciclo de la impunidad. Porque el Estado no aprendió la lección de Uchuraccay y sigue sin garantizar el derecho a informar y a ser informados.

Los mártires de Uchuraccay no se conformaron con los partes oficiales. No aceptaron la versión única ni el silencio impuesto. Por eso emprendieron el desplazamiento hacia la comunidad de Huaychao, a la que nunca llegaron. Ese acto sigue siendo una lección ética para el periodismo peruano: contrastar, preguntar, ir al lugar de los hechos, aun cuando hacerlo implique riesgo.

Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, reafirmamos que Uchuraccay no es pasado mientras se siga censurando su memoria, mientras se siga castigando a las familias por buscar justicia y mientras el Estado no asuma su responsabilidad. Hoy, la ANP espera la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha anunciado que ha tomado una determinación sobre el caso. Esa expectativa no es un acto de confrontación, sino de legítima búsqueda de verdad y justicia.

La ANP defiende, como principio doctrinario, el derecho de las víctimas y sus familias a litigar contra el Estado cuando este ha sido incapaz de garantizar acceso a la justicia. Acudir al sistema interamericano no es una traición al país; es una consecuencia directa del abandono institucional. Es un legítimo recurso cuando la justicia interna ha fallado de manera sistemática.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en tiempos de regresión democrática, de debilitamiento de derechos y de ataques a la libertad de expresión, reafirma que la memoria es una forma de resistencia. Reivindicar Uchuraccay es defender el periodismo que investiga al poder, que fiscaliza la corrupción, que incomoda porque cumple su función social. Hoy, como en Uchuraccay, informar sigue costando la vida.