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Los periodistas Christian García Puma y Miguel Ángel Avendaño Flores, de Radio Exitosa en Arequipa, enfrentarán desde mañana un juicio por la querella por difamación agravada interpuesta por el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez.
De acuerdo a la información recabada por la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), este 11 de septiembre desde las 10:30 de la mañana se llevará a cabo la primera audiencia del juicio seguido contra García Puma, Avendaño Flores y contra Radio Exitosa S.A.C. como tercero civil responsable. La audiencia ha sido convocada por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa, bajo conducción de la jueza Isabel Huanqui Tejada.
La querella surge a raíz de comentarios periodísticos que cuestionaron la gestión de Sánchez y aludieron a un supuesto “cogobierno” con su esposa, Luz Marina Zevallos Patrón, comparándolo con la influencia política de Nadine Heredia en el gobierno de Ollanta Humala. El gobernador sostiene que tales afirmaciones han lesionado gravemente su honor y reputación, y ha solicitado como sanción dos años de prisión efectiva para los periodistas, además de una reparación civil de S/. 200,000 a pagar de forma íntegra y solidaria por daño moral.
Como antecedente, Sánchez también ha querellado a los periodistas Libertad Merma Torres y Luis Alfredo Zapata Huamán, del Diario Viral, por otro caso vinculado a cuestionamientos sobre adjudicación de contratos públicos. En ambos procesos, el gobernador ha señalado a los medios como responsables civiles.
Los periodistas implicados han defendido que sus expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de información y crítica política, basadas en hechos de interés público.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con los periodistas Christian García Puma y Miguel Ángel Avendaño Flores de Radio Exitosa en Arequipa por este caso que se suma a la lista de persecución judicial contra periodistas en el país.
La ANP considera que este proceso judicial es inconsistente ya que criminaliza el derecho a la libertad de opinión de los periodistas.
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