El periodista Iván Tello Hidalgo, de Radio Estación Lamas, fue citado por la Fiscalía de Lamas para rendir declaración en torno a un accidente de tránsito al que dio cobertura periodística en sus redes sociales.

En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Tello señaló que, tras tomar conocimiento por sus fuentes, publicó la información en su cuenta personal de Facebook, informando del despiste de un vehículo y del traslado de dos heridos al hospital de Lamas, ocurrido el 29 de agosto, alrededor de las 8:00 de la noche, en la carretera Lamas–Cacatachi, a la altura del recreo Krotos.

Al día siguiente, 30 de agosto, recibió una citación policial firmada por la Alférez PNP Patricia Sánchez Nuñoz, comisario (e) de Lamas, para presentarse en dicha comisaría en calidad de citado. El periodista relató que, al comunicarse con el fiscal a cargo, Félix Magno Pomachari Carranza, se le indicó que figuraba como testigo, pese a que no presenció el accidente, sino que reportó la noticia dentro de su labor informativa.

Iván Tello señaló que, durante el interrogatorio, las preguntas buscaron que revelara la fuente que le proporcionó la información inicial, lo cual rechazó por estar protegido por el secreto profesional.

El hombre de prensa manifestó su preocupación de que esta práctica se repita en el futuro, generando una forma de hostigamiento hacia el ejercicio periodístico. Subrayó que el caso cobra especial relevancia porque una de las accidentadas sería la esposa del mayor de la PNP a cargo de la comisaría de Lamas, lo que podría explicar el intento de presionar al periodista.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP se solidariza con el periodista Iván Tello Hidalgo, quien es blanco de hostigamiento

luego de reportar un hecho de relevancia pública en sus redes sociales personales.

La ANP señala que no es la primera vez en la que se cita a periodistas en la condición de “testigos” a consecuencia de sus coberturas informativas.

La ANP le recuerda a las autoridades policiales y fiscales que la reserva de fuentes es un derecho constitucional al que un periodista puede acogerse, lo que debe ser respetado por los funcionarios del sistema de justicia.