Tal como lo advertimos oportunamente, esta norma constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y consolida ciclos de impunidad para quienes cometieron crímenes durante aquel periodo.

La medida implica una nueva revictimización para los hombres y mujeres de prensa asesinados entre 1980 y 2000, entre ellos casos emblemáticos como los de los periodistas “Mártires de Uchuraccay”, Jaime Ayala Sulca (Huanta, 1984), Hugo Bustíos, Melissa Alfaro y Pedro Yauri, así como procesos que han alcanzado la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos.

A pesar de las advertencias de la propia Corte Interamericana que instruyó que la amnistía es improcedente frente a casos de lesa humanidad, la promulgación de esta ley por parte del Ejecutivo confirma una preocupante tendencia a desconocer estándares y obligaciones internacionales. Con esta decisión, el Estado peruano se coloca abiertamente en desacato en materia de justicia y derechos humanos y deberá asumir las consecuencias de esa condición.

La ANP reafirma su compromiso de seguir exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, y denuncia que esta ley no solo hiere la memoria de nuestros colegas desaparecidos y asesinados, sino que envía un alarmante mensaje de tolerancia frente a crímenes que jamás deben quedar impunes.

En razón a ello, la ANP exhorta a los jueces y juezas a ejercer el control de convencionalidad frente a los recursos de excepción de amnistía que sean presentados por personas condenadas o procesadas por graves violaciones de derechos humanos.