El periodista César Abel Cruz Córdova, del diario El Siglo de Pasco, enfrenta una denuncia penal por presuntos delitos de difamación y calumnia agravadas, interpuesta por el gobernador regional de Pasco, Juan Luis Chombo Heredia.
En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Cruz señaló que la querella fue presentada en abril, tras una serie de reportajes donde cuestionó la gestión regional, particularmente en licitaciones de obras públicas, el estado de ejecución de estas y posibles vínculos irregulares con empresas contratistas.
El gobernador regional solicita, como pretensión penal, una pena privativa de libertad efectiva de un año y cuatro meses, y como pretensión civil, una reparación económica ascendente a S/ 100,000 (cien mil soles), alegando que los reportajes vulneran su derecho al honor y afectan también emocionalmente a su entorno familiar.
Entre las publicaciones señaladas por la defensa de Chombo, se encuentra una en la que se le vincula con la presidenta Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en el marco de investigaciones por corrupción en obras públicas. Chombo sostiene que publicaciones como esta lo vinculan sistemáticamente a hechos ilícitos, generando —según afirma— burlas, estigmatización y afectación directa a su tranquilidad y la de su familia.
El periodista, ha denunciado que, en las últimas audiencias del caso, el gobernador se ha conectado desde su despacho institucional, lo que podría configurar el presunto delito de peculado de uso por emplear recursos del Estado en un proceso judicial de naturaleza privada.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su solidaridad con el colega César Abel Cruz Córdova y condena enérgicamente el uso del sistema penal para perseguir a periodistas por el contenido de sus investigaciones, especialmente cuando se trata de cuestionamientos a la gestión pública. Recordamos que, conforme al Acuerdo Plenario N.° 3-2006/CJ-116 de la Corte Suprema, los funcionarios públicos —como en este caso el gobernador regional— están sujetos a un mayor escrutinio y deben mostrar un umbral más alto de tolerancia frente a la crítica debido a la naturaleza de su cargo.
La ANP exige que se respete este estándar jurisprudencial y que las instancias judiciales actúen con independencia, evitando que las querellas se conviertan en instrumentos de intimidación que lesionen el derecho de la ciudadanía a fiscalizar a sus autoridades. El periodismo no puede ser criminalizado por cumplir con su deber de investigar y revelar hechos de interés público.
Por ello, exhorta a las autoridades judiciales a actuar con independencia y apego a los estándares internacionales de derechos humanos.
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