En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la directora periodística de Estación Wari, Esther Valenzuela, señaló que el pasado 18 de junio recibieron una carta notarial por un reportaje titulado “La familia que controla el control: los Chaupín Bautista y el Gobierno Regional de Ayacucho”, publicado el 16 de junio, que revelaba como cuatro jefaturas de Oficinas de Control Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho han sido ocupadas simultáneamente por integrantes de una misma familia.

La periodista manifestó que la carta no precisa con claridad qué parte de la publicación consideran falsa ni qué hechos requerirían rectificación. Además, sostuvo que la información difundida es veraz, documentada y de interés público. El reportaje expone un hecho comprobable y se respetó el principio de presunción de inocencia, usando un lenguaje informativo y prudente.

En la carta notarial, los remitentes exigen el cese inmediato de toda “publicación difamatoria o cualquier forma de agravio o insinuación malintencionada”, además de la rectificación inmediata, la publicación de una disculpa pública y la abstención de futuras publicaciones. De no cumplirse estas condiciones en un plazo de 48 horas, advierten que iniciarán acciones legales penales por difamación agravada, así como una demanda en la vía civil.

Como antecedente, se tiene que, por otra nota periodística en que se implicaba al Gobierno Regional de Ayacucho, Estación Wari recibió una carta notarial similar. El pasado 21 de mayo, la señora Ruth Cortijo Pillaca solicitó el retiro de su imagen de una fotografía que acompañaba un reportaje sobre una obra de riego en Huanta, alegando afectación a su honor. El medio aclaró que la publicación se basaba en documentos oficiales y registros públicos, respetando el principio de presunción de inocencia, y reafirmó su compromiso con el periodismo riguroso, incómodo al poder y necesario para la vigilancia ciudadana.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú denuncia, una vez más, la instrumentalización del derecho a la rectificación. La exigencia de la misma debe fundamentar cuál es el “hecho inexacto” que debe ser rectificado. No bastan generalidades, ni señalamientos de daño al honor o reputación si no se indica de manera precisa qué hecho, dato o alegación puntual es erróneo. No hacerlo evidencia que se recurre a las cartas notariales con clara intención de intimidar.