En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), William Torres Carrasco señaló que el 20 de diciembre asistió a la audiencia pública de la Comisión Especial Multipartidaria a Favor del Proyecto Chinecas en Chimbote, donde participó la congresista Kelly Portalatino, así como otras autoridades.

El periodista intentó recoger la opinión de la parlamentaria sobre un reportaje difundido en un dominical que reveló denuncias que implicarían a Portalatino, su padre y su pareja sentimental, en una presunta venta de puestos de trabajo en el sector salud del Gobierno Regional de Ancash.

Torres aprovechó un espacio en la audiencia para acercarse a la congresista y solicitarle una breve entrevista, a la que Portalatino accedió. Sin embargo, cuando hizo la consulta sobre el contenido del reportaje, la parlamentaria se negó a responder y llamó inmediatamente a sus agentes de seguridad, quienes intentaron, de manera violenta, expulsar al periodista del lugar.

El jueves 11 de enero, William Torres recibió una notificación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, a cargo de la Dra. Ana Rosa Daza Vegaray, informando el inicio de una investigación preliminar en su contra.

La acusación contra el periodista es «por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para obligarle a algo, violencia contra la autoridad elegida y perturbación del orden en el lugar donde la autoridad ejerce su función en agravio de Kelly Roxana Portalatino Avalos».

El periodista señala que en ningún momento actuó con violencia ni amenazas, solo cumplió con su trabajo de preguntar sobre un tema de relevancia pública. Torres Carrasco anunció que responderá junto a su abogado pues está plenamente seguro de que no cometió delito alguno.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con el periodista y considera que esta investigación preliminar sienta un nefasto precedente para la actividad periodística. Bajo ninguna circunstancia puede tipificar delito el formular una pregunta a una autoridad sobre un hecho de interés público. De prosperar ello constituiría una gravísima amenaza a las libertades informativas por lo que demandamos a la fiscalía actuar en consecuencia y declarar al sobreseimiento de la causa al no existir delito alguno.