Dicha publicación refería que, una vez sentenciado, apeló a la conversión de pena, evitando el internamiento en algún establecimiento a cambio de cumplir 205 jornadas de servicio comunitario en el Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma.

La nota, firmada por Montes, estaba fundamentada en el expediente fiscal, y señalaba que “el equipo de Best Cable pudo tener acceso a la documentación donde el nosocomio casmeño indica que los Jefes de Servicios Generales del periodo 2017 al 2023, dan conocimiento que el señor Harold Portella Llanos no asistió a las jornadas comunitarias asignadas, pese a contar con la documentación emitida por el INPE, dicho documento refiere que no se cuenta con registro de ingreso y salida del denunciado”.

Dicha información, sugiriendo la falsedad de los documentos presentados por Portella, fue proporcionada por fuentes reservadas.

Luego de hacer esta publicación, el reciente domingo 26 de mayo, recibió llamadas insistentes de números desconocidos, hasta que atendió una que, tras el aviso telefónico de “Va a recibir una llamada del centro penitenciario Huacho”, una persona desconocida, le expresó de forma amenazante “deja de publicar eso”.

Tras este primer hecho, la periodista instaló en su equipo celular un identificador de llamadas, observando que las diferentes llamadas insistentes provenían de los Penales de Ica, Huacho y Huaral. Los intentos de comunicarse desde números desconocidos con aviso de provenir de centros penitenciarios han continuado.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su solidaridad con Jennifer Montes, asimismo, hace un llamado a las autoridades competentes a brindar la debida protección a la periodista.