La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechaza el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, aprobado por el Consejo de Ministros, en la víspera, según anunció el primer ministro Aníbal Torres. Esta iniciativa afecta de manera directa la actividad periodística en el país.
Criminalizar a las fuentes genera mordaza y afecta el derecho a saber.
Desde el anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, el reciente 12 de junio, sobre la decisión del Ejecutivo de impulsar una ley para sancionar a fiscales y jueces que filtren investigaciones penales, la ANP alertó de las consecuencias de la aprobación de un proyecto de esta naturaleza.
La ANP expresa preocupación por la ruta que seguirá esta iniciativa, al existir plena sintonía en esta materia entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que ya febrero de este año, aprobó por unanimidad dictamen de la Comisión de Justicia que penalizaba la difusión de los testimonios de quienes se acojan a la colaboración eficaz.
En momentos en que en todo el continente la tendencia es transparentar al máximo posible los procesos contra la administración pública y corrupción en la que se encuentren involucrados quienes ejercen o han ejercido función pública, lo que sucede en el país constituye una franca regresión.
La reserva de las fuentes ha sido esencial para revelar en las últimas décadas hechos de interés público. Pretender vulnerar el secreto profesional no solo es inviable, es inconstitucional. Por ello, deploramos que tanto Ejecutivo y Legislativo, en su condición de poderes del Estado, abandonen su rol garantista de derechos y libertades desnaturalizando su capacidad, propia o delegada, de legislar.
La historia reciente demuestra el rol esencial del periodismo independiente en lucha contra la corrupción en el país.
Lima, 25 de junio 2022
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
