Los medios de comunicación Exitosa, El Comercio, Trome y la Agencia Andina han sido demandados mediante un proceso constitucional de hábeas data por el exfuncionario público Ángel Miguel Pérez Santa Cruz, con el objetivo de obligarlos a eliminar y desindexar reportajes, noticias y archivos digitales que daban cuenta de su destitución como gerente regional de Lambayeque de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
La demanda también incluye a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y a la Defensoría del Pueblo, por haber emitido, en junio de 2021, una alerta gremial y una nota de prensa institucional, respectivamente, denunciando una agresión física en contra de una comunicadora, cometida por el entonces funcionario en el distrito de Olmos (Lambayeque).
El recurso fue admitido a trámite el pasado 7 de octubre por el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán.
En su petitorio, el demandante exige la “desindexación, supresión y cancelación inmediata y definitiva” de todas las publicaciones en portales web, servidores, redes sociales y motores de búsqueda como Google Search, solicitando además el borrado técnico de la memoria caché, metadatos y fragmentos de texto (snippets) que sigan asociando su nombre a dichas denuncias.
Las publicaciones que el exfuncionario pretende desaparecer dan cuenta de los hechos ocurridos el 9 de junio de 2021 cuando se desempeñaba como gerente regional de Lambayeque de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
En esa fecha, Pérez Santa Cruz forcejeó y arrastró alrededor de siete metros con su camioneta a la comunicadora Lisset Seminario tras quitarle su teléfono celular, provocándole lesiones corporales y conllevando su destitución del cargo.
Asimismo, las coberturas periodísticas informaron que en julio de 2022 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dejó sin efecto su designación como director ejecutivo de Provías Descentralizado tras difundirse sus antecedentes por maltrato físico.
En su demanda, Pérez Santa Cruz alega una vulneración a su «derecho al olvido», honor y autodeterminación informativa, afirmando que la permanencia de estas notas en internet trunca sus posibilidades laborales y provoca ceses intempestivos en posteriores cargos de confianza en el Estado.
Como fundamento principal, sostiene contar con un sobreseimiento penal consentido en agosto de 2024 ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe; fallo que determinó la atipicidad penal formal bajo el delito de agresiones contra las mujeres (artículo 122-B del Código Penal) al considerar que el móvil del altercado fue la retención del celular y no un contexto de odio o discriminación por su condición de mujer, sin desvirtuar la existencia real de las lesiones físicas que sufrió la víctima.
Como antecedente administrativo de hostigamiento, Pérez Santa Cruz quejó y solicitó previamente la intervención de la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), instancia que el 14 de setiembre de 2026, admitió a trámite una reclamación de tutela contra la ANP por no acceder a retirar de su página institucional de Facebook la alerta emitida en 2021.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su enérgico rechazo a las acciones legales iniciadas por Ángel Miguel Pérez Santa Cruz, quien pretende -bajo el argumento del “derecho al olvido”-, obligar a que se elimine todo registro de un hecho que existió cuando ocupaba un cargo público, lo que hizo de él un personaje pasible de mayor fiscalización social.
