En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Sarria informó que los hechos ocurrieron el martes 22 de setiembre de 2026, alrededor de las 11:30 de la mañana, en circunstancias en que el equipo recorría el sitio arqueológico para realizar un trabajo de investigación.

Durante la labor, los comunicadores y el guía que los acompañaba escucharon el estruendo de un disparo con arma de fuego, razón por la cual el orientador recomendó retirarse inmediatamente de la zona por medidas de seguridad.

Al momento de replegarse fueron alcanzados e interceptados por un agente de seguridad que se desplazaba a bordo de una motocicleta, identificado con el apellido Cabanillas según el marbete de su uniforme, perteneciente a la empresa ProAgro —la cual administra el fundo Yacana en el área intangible—, que los encaró de manera hostil, exigiéndoles que se identifiquen y alegando indebidamente que se encontraban dentro de una propiedad privada.

En medio del reclamo el propio agente de seguridad reconoció abiertamente la autoría de las detonaciones: “Sí, nosotros estamos disparando”. Tras ello, el mismo personal amenazó al guardián de la referida zona arqueológica.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar media hora después y levantaron un acta de constatación en la que el personal de la empresa se negó a identificarse y a firmar la documentación. En tanto, representantes del Ministerio Público llegaron a la zona dos horas más tarde para iniciar las diligencias correspondientes.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condena la intimidación con disparos de arma de fuego y el hostigamiento ejercido contra el equipo periodístico de Hildebrandt en sus trece durante el desarrollo de su labor informativa. La ANP exige al Ministerio Público y a la Policía Nacional una investigación diligente que permita identificar debidamente al autor de los disparos, esclarecer bajo qué autoridad intervino y cuáles eran sus facultades dentro de la zona.

La ANP recuerda que ninguna condición de propiedad, administración o vigilancia privada puede convertirse en una vía para restringir, mediante amenazas o violencia, el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada.