Entre los acontecimientos más recientes, se encuentra lo dicho por el presidente Pedro Castillo durante la visita en un colegio de Lurín la mañana de este lunes 21 de febrero.

Al ser consultado respecto de sus declaraciones sobre la empresaria Karelim López, el jefe del Estado respondió: “esta prensa es un chiste. Estamos hablando de educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes?”.

La pregunta era pertinente al hacer referencia a la investigación de un presunto hecho de corrupción y considerando las escasas oportunidades de interactuar con el mandatario.

Esta no es la primera vez que el presidente, o integrantes de su equipo de gobierno, con este tipo de expresiones, intenta rehuir a temas que son de interés público o que se estigmatiza el trabajo de los periodistas.

Esto se suma al grave riesgo que representa para la actividad periodística el dictamen del Proyecto de Ley 00565/2021-CR y Proyecto de Ley 6623/2020-CR, que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal y el artículo 409-B del Código Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

El Comité Ejecutivo Nacional de la ANP señaló mediante una moción “que esta propuesta legislativa (…) tiene un impacto negativo en los procesos de investigación fiscal por crimen organizado, afectando, principalmente, casos emblemáticos de corrupción en los que el periodismo ha sido esencial para revelar hechos irregulares y visibilizar ante la colectividad declaraciones de interés público”.

Por eso mismo, la ANP rechaza dicho dictamen, que califica como riesgo y amenaza para la libertad de prensa en el país, y exhorta que se “archive este proyecto que atenta contra los valores democráticos y socava el periodismo libre, perjudicando directamente el secreto profesional y la relación de el/la periodista con su fuente”.

El presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, y quienes ejercen cargos de elección popular no pueden condicionar las preguntas de quienes cumplen actividad informativa, tampoco los legisladores pueden instrumentalizar su capacidad de legislar para legalizar la mordaza. La lucha contra la corrupción a todos los niveles requiere garantizar independencia de la prensa.