En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Benza señaló que tomó conocimiento del caso a inicios de setiembre a través de un tercero, tras lo cual acudió a la sede fiscal.

Pese a que inicialmente figuraba como testigo -condición de la que no fue oportunamente notificado en marzo pasado-, minutos antes de rendir su manifestación reprogramada para el 8 de setiembre fue notificado de que el fiscal Luis Enrique Sánchez Valverde, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, cambió su condición jurídica a investigado.

El caso se relaciona con una prolongada disputa comercial entre Puma Air SAC y Servicios Aéreos de Los Andes SAC. La imputación fiscal contra el comunicador se originó tras haber replicado información de un reportaje emitido por el dominical Panorama en julio de 2025 que reveló presuntas irregularidades en el alquiler de un taller dentro de la base de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Las Palmas en favor de Puma Air.

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que Benza habría actuado como un presunto brazo de difusión de una agrupación ilícita, basándose en un expediente entregado por un sujeto anónimo bajo el seudónimo de “Justiciero Perú 2026”, quien aportó supuestas capturas de WhatsApp de coordinaciones entre directivos de Los Andes y periodistas para perjudicar a la firma competidora.

Benza rechazó enfáticamente la autenticidad de los mensajes, denunció que se trata de conversaciones falsas y cuestionó que la fiscalía incorpore y valide material de origen anónimo y sin control de procedencia legal.

Cabe señalar que el pasado viernes 18 de setiembre el periodista participó en una audiencia vinculada al expediente judicial del caso, en que su defensa técnica viene rebatiendo la imputación.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP advierte que utilizar la difusión o reproducción de información para imputar penalmente a un periodista genera un grave efecto intimidatorio sobre el ejercicio de la libertad de prensa.

Asimismo, corresponde que cualquier elemento utilizado contra el periodista, particularmente aquellos de origen anónimo cuya autenticidad ha sido cuestionada, sea sometido a las garantías de legalidad y debido proceso.

La ANP expresa su solidaridad con Paolo Benza y recuerda que investigar, publicar y difundir información de interés público no puede convertirse en un delito ni ser utilizado para criminalizar a quienes ejercen el periodismo.