De acuerdo a la información recabada por la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el juzgado a cargo dispuso que la sanción sea de carácter efectiva bajo el argumento de que sus denuncias públicas sobre una persecución política y judicial en su contra configurarían una supuesta “obstrucción a la justicia”.

A diferencia del comunicador, a la procesada en calidad de cómplice primaria también se le fijaron cuatro años de condena, pero bajo la modalidad de pena suspendida sujeta a reglas de conducta y trabajo comunitario, evidenciando una diferenciación injustificada en perjuicio del periodista.

Ante esta situación, la defensa legal de Rumiche adelantó que ingresará una solicitud para requerir la variación de la modalidad de efectiva a suspendida, a la espera de la audiencia de lectura integral de la sentencia, convocada para el martes 29 de setiembre.

Esta gravosa decisión se dicta tras un dilatado proceso de más de cinco años caracterizado por sucesivas variaciones en la acusación fiscal. El origen del caso data de junio de 2021, cuando Prensa Callao TV reveló mediante órdenes de servicio que Margarita Victoria Chauca Tapia percibía 13 mil 500 soles mensuales en la sede regional sin registrar estudios técnicos ni superiores.

Pese a que la denuncia inicial de Chauca por presunta extorsión fue archivada de forma definitiva, el caso fue derivado a la Fiscalía Anticorrupción, donde se mantuvo el proceso contra Rumiche modificando las imputaciones a colusión agravada, negociación incompatible, concusión y coacción, sin hallar pruebas tras el levantamiento de sus secretos bancario y de comunicaciones.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP eleva su voz de protesta frente a esta sentencia en contra del periodista Anthony Rumiche, y señala que los argumentos utilizados para disponer prisión efectiva carecen de sustento jurídico válido, ya que esta lógica valora como agravante el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de un proceso judicial, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

La ANP observa con especial preocupación la sucesiva modificación y ampliación de las imputaciones fiscales a lo largo del proceso, por cuanto una variación sustancial de los cargos debe respetar estrictamente las garantías del derecho de defensa.