En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el periodista señaló que fue notificado de la apertura del proceso judicial seguido en su contra mediante una resolución emitida el 11 de marzo de 2026 por el Primer Juzgado Penal Unipersonal Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a cargo del juez Rogert Quispe Alegría.

El gobernador Godoy acusa presunta difamación agravada tras una publicación realizada el 4 de diciembre de 2025 por La Red Informativa. En dicho informe periodístico, titulado “Crece el escándalo: Investigación fiscal apunta a Percy Godoy por presuntas irregularidades en el proyecto hospitalario”, el portal dio cuenta de la apertura de diligencias preliminares por parte de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Abancay, por el presunto delito de colusión (Artículo 384° del Código Penal).

La nota reportaba potenciales anomalías en la formulación del perfil del nuevo Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega y cuestionaba la postura política de la autoridad regional de demoler la infraestructura hospitalaria existente. En su escrito, la defensa de Godoy alega que la nota periodística le atribuye falsamente delitos de corrupción, colusión, malversación y falsedad genérica sin que exista una sentencia judicial ni sustento fiscal firme en su contra.

Asimismo, la querella cuestiona la inclusión de un fotomontaje en el que la autoridad aparece junto al hospital sosteniendo un vaso con bebida alcohólica, argumentando que se utilizó inteligencia artificial con el propósito de menoscabar su honor, su dignidad familiar y su reputación profesional como gobernante.

Mientras se ha dictado comparecencia simple contra el comunicador, la querella exige una pena de tres años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de 200 mil soles.

A través de sus redes sociales, el gobernador regional Percy Godoy celebró públicamente la admisión a trámite de la querella señalando: “Pongamos fin al chantaje y la extorsión”.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera preocupante que, una vez más, se recurra al derecho penal como mecanismo para responder a una publicación periodística. Sin prejuzgar sobre el contenido del informe cuestionado ni sobre las responsabilidades que puedan derivarse de él, la ANP recuerda que los estándares interamericanos establecen que la protección del honor de los funcionarios públicos debe privilegiar mecanismos menos restrictivos de la libertad de expresión.