De acuerdo con la información recabada por la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la carta notarial fue remitida con fecha 26 de junio de 2026 por David Antonio Alegría Palacios. El documento exige de manera perentoria la eliminación de un video y texto difundidos originalmente el 18 de enero de 2023 a través de la cuenta en X de “Hurgar en la Memoria”, con la que Sifuentes Producciones SAC no sostiene vínculo alguno.

La publicación en cuestión hacía referencia a un incidente en el que se cuestionaba a Alegría Palacios por presuntamente agredir a miembros del cuerpo de Serenazgo y destrozar bienes públicos en la capital. En su requerimiento notarial, el ciudadano sostiene que dicha información es actualmente inexacta y falsa respecto a su persona, argumentando que, luego de un extenso proceso penal, el Poder Judicial lo absolvió de todos los cargos de imputación que se le atribuyeron mediáticamente, adjuntando para ello la sentencia absolutoria y la resolución confirmatoria correspondiente.

El demandante alega que la permanencia de la publicación carece de interés público actual, afecta de forma permanente su honor, reputación e imagen, y vulnera su derecho a la autodeterminación informativa y al olvido digital. Por tal motivo, exige a Sifuentes Producciones S.A.C. retirar el enlace digital y suprimir o anonimizar todos sus datos personales tanto de la publicación original como de cualquier repositorio o base de datos bajo su administración.

Asimismo, advierte que, en caso de incumplimiento, procederá a interponer denuncias ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), además de iniciar las acciones civiles y penales pertinentes para la tutela de sus derechos. Cabe precisar que un requerimiento de idéntico tenor fue enviado por el ciudadano a Latina Noticias.

La carta notarial fue hecha pública en La Encerrona este miércoles 1 de julio de 2026. Al respecto, el periodista Marco Sifuentes ha señalado firmemente que ni él ni la empresa productora del programa tienen control, administración o vínculo alguno con la cuenta de X a la que alude el documento, por lo que carecen de facultades o medios técnicos para proceder respecto del pedido planteado.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) recuerda que el envío de requerimientos notariales con advertencias de acciones penales a empresas o periodistas ajenos a la administración de los contenidos difundidos desnaturaliza estos mecanismos, convirtiéndolos en actos intimidantes contra periodistas.

Asimismo, la ANP advierte el uso instrumental de la Ley de Protección de Datos Personales como un mecanismo de represalia ante la difusión de información de relevancia pública. De igual forma, resulta grave la invocación del derecho al olvido, que se configura como una clara represalia a la actividad informativa.