El aspirante presidencial utilizó calificativos estigmatizantes contra la prensa nacional en Puno, mientras que en Apurímac sus expresiones ofensivas fueron acompañadas por un comunicado de su base partidaria que contiene amenazas directas contra periodistas locales.

De acuerdo a la información recabada por la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), los hechos de estigmatización iniciaron el miércoles 1 de abril en Puno. Tras ser rechazado por familiares de las personas asesinadas en enero de 2023, López Aliaga declaró a Latina que los deudos eran un grupo de personas que “armaron un bolondrón” y los vinculó con Epicentro TV y La República, a los que calificó de ser “defensores de terroristas”.

Esta narrativa continuó el jueves 2 de abril en Andahuaylas, donde el candidato fue nuevamente increpado por familiares de las víctimas de las protestas de diciembre de 2022.

En declaraciones a la OFIP, el periodista Paul Pilco mencionó que la hostilidad hacia la prensa local se incrementó tras la cobertura de la llegada del candidato a la región. Pilco señaló que, previo al arribo, los medios recordaron los antecedentes del político y entrevistaron a Danny Quispe, representante de las víctimas de Apurímac.

Durante su mitin en la zona, López Aliaga pronunció un discurso de 28 minutos en el que profirió frases ofensivas e insultos contra la ciudadanía en 21 ocasiones, según registro del periodista Paul Pilco. Tras el evento, la base regional de Renovación Popular publicó un comunicado amenazante en el que acusa a la prensa de “manipular información” y “azuzar a la población”, advirtiendo explícitamente que no permitirán más “atropellos mediáticos” y que iniciarán acciones legales contra los periodistas.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones del candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien ha vuelto a recurrir a la estigmatización y el señalamiento contra periodistas y medios de comunicación en el ejercicio de sus labores informativas. Estos hechos no son aislados: forman parte de un patrón reiterado de hostilidad hacia la prensa, que incluye descalificaciones públicas, acusaciones infundadas de vínculos con el terrorismo y discursos que buscan desacreditar a medios y periodistas.

Resulta particularmente grave que estas declaraciones hayan sido acompañadas por mensajes intimidatorios desde estructuras partidarias -tal el caso de la coordinadora de Renovación Popular en Apurímac o el candidato a diputado por Puno Javier Bernal- que amenazaron con interponer denuncias contra periodistas locales por «azuzar a la violencia».