Los periodistas Teobaldo Meléndez Fachín y Maricruz Torrejón Pérez conductores del programa Total Noticias – Primera edición, emitido a través de RTV Total, fueron querellados por la fiscal Celia Llesenia Delmar Pezo, quien los acusa de difamación agravada por cuestionar el archivamiento de casos de violación sexual a menores de edad en Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas (Región Loreto).
Según relató Teobaldo Meléndez a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el caso se remite al 2019, cuando el equipo periodístico expresó opinión sobre la acción de la fiscal, quien archivó la investigación de dos casos de violación sexual a menores de edad en los que habrían estado invoculcrados un efectivo policial y un funcionario de salud.
Adicional a ello, en otra ocasión, Meléndez y Torrejón informaron de la participación recurrente de la la Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Alto Amazonas, Celia Llesenia Delmar Pezo, en operativos vinculados al tráfico de drogas y de madera. Según explican, la funcionaria habría mal interpretado esto asumiendo que se estaría intentando vincularla con dichos ilícitos.
Por todo ello, la fiscal interpuso una querella por difamación agravada en el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Yurimaguas, a cargo del juez Fausto Wilder Velarde Abanto. En la misma se señala que Teobaldo Meléndez y Maricruz Torrejón “han propalado expresiones e imputaciones totalmente falsas y calumniosas, así como difamatorias, con total desparpajo, emitiendo comentarios que evidencian el propósito de lesionar mi honor y reputación, sin comprobar la veracidad de sus afirmaciones”.
Asimismo, solicita el pago de 500 mil soles de reparación civil y el máximo de la pena prevista para el delito de Difamación Agravada.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reprueba el actuar de la fiscal Celia Llesenia Delmar Pezo, quien, siendo funcionaria del sistema de justicia, lo instrumentaliza para intimidar a periodistas que cumplen su trabajo al informar y hacen legítimo ejercicio de su derecho de opinión sobre temas de interés público. La exigencia de una cuantiosa suma de reparación civil es la más clara evidencia de ello.
Asimismo, la ANP reitera su pedido de despenalizar los delitos contra el honor, llamados también delitos de prensa, puesto que de manera recurrente quienes ejercen función pública hacen uso indiscriminado de dicha figura penal con el propósito de amordazar la crítica, a pesar de la permanente exposición al escrutinio ciudadano al que se encuentran sometidos en razón de su labor.
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