1. Considera un primer resultado a las alertas lanzadas desde las instituciones de prensa que el texto aprobado por el Pleno contenga una proscripción expresa en la delegación de facultades para modificar el Código Penal: “sin criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú”.

2. Resalta que se utilice el verbo “criminalizar” en el texto aprobado, cuya acción, según lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ejecuta “a través del uso indebido del derecho penal, (y) consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”.

3. Precisa que, en razón a ello, el Poder Ejecutivo no está facultado para emitir decreto legislativo alguno que criminalice la actividad informativa.

4. Estima que la vía para neutralizar íntegramente la amenaza a la libertad de expresión era retirar ese extremo del Proyecto de Ley, sin embargo, considera que la versión final aprobada supera las propuestas anteriores.

La ANP, firme en su histórico compromiso gremial de defensa de la actividad periodística, se mantendrá vigilante al contenido de los decretos legislativos que formule el Poder Ejecutivo en esta materia.

Lima, 20 de setiembre del 2023

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL