Según información de la Oficina de los Derechos Humanos de la ANP, entre el 9 y 16 de noviembre de ese año fueron cometidos 40 ataques contra periodistas y medios de comunicación; de estos, 30 fueron perpetrados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hicieron uso excesivo de la fuerza al amparo político que ofrecían las autoridades de entonces.

El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República desestimó las evidencias presentadas por la Fiscalía de la Nación y contraviene lo señalado por la Defensoría del Pueblo así como los organismos supranacionales de Derechos Humanos que visitaron oficialmente el país luego de estos lamentables hechos.

El documento señala, entre otras cosas, que “de haber existido excesos, estos serían casos aislados de quienes optaron por quebrantar la ley” y que “no se ha encontrado medio probatorio alguno que vincule a los imputados (Merino, Flores y Rodríguez) a un proceder indebido por parte de los efectivos policiales durante las manifestaciones”.

Frente a esto, la ANP recuerda que existen evidencias fotográficas y videográficas que demuestran el sistemático uso excesivo de la fuerza, además de las reiteradas muestras públicas de las autoridades en respaldo al accionar policial. La ANP en su momento denunció la actuación del entonces primer ministro Ántero Florez Aráoz, quien reconoció a la PNP, en medio de las protestas y la represión policial, y señaló en diferentes momentos que los agentes actúan “reaccionando cuando haya que reaccionar” y que cuando “los agreden ellos tampoco pueden estar paralizados”.

Al respecto, el informe de la CIDH observó con preocupación que “la respuesta del Estado frente a las movilizaciones se caracterizó por la represión mediante un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, lo que concuerda con lo concluido por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), al referir que “la Policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza que resultó en dos muertes, mientras que al menos 200 personas resultaron heridas. ACNUDH también identificó un patrón de detenciones arbitrarias en conexión con las protestas”.

La ANP recuerda que el caso 14N, si bien aborda esencialmente el asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, también incluye a quienes resultaron con lesiones leves y graves en el contexto de estas protestas, incluyendo a colegas periodistas afectados cuando realizaban trabajo informativo. En una institución altamente jerarquizada como la Policía Nacional del Perú, determinar responsabilidades políticas es clave para abonar al sentido de justicia.